Por Victoriano Martínez

El sistema estatal de fiscalización no está en crisis… ¡no existe!

El sistema estatal de fiscalización es una total farsa y cínica burla a la ciudadanía que puntualmente paga sus impuestos para que vividores del erario, desde los más altos cargos públicos, cuenten con ingresos que a todas luces no desquitan, pero que los cobran para desvirtuar el trabajo de auditores –que los hay­ convencidos de la labor que realizan en la Auditoría Superior del Estado (ASE).

El desaliento con que servidores públicos dentro de la ASE tienen que trabajar para luego ver cómo sus superiores rasuran sus observaciones, se traduce hacia la ciudadanía en una gran decepción, porque se creyó que la ASE había tocado fondo con la ecuación corrupta, pero pronto comenzó a revelarse como la misma con un disfraz que a poco más de dos años ha resultado de lo más burdo.

Primero, la nueva ASE cedió ante la exigencia de los ex diputados, los de la Legislatura de la ecuación corrupta, para adelantar poco más de dos meses la entrega de los informes sobre las Cuentas Públicas 2017, para que aquellos pudieran dejar terminado su trabajo de limpieza.

Cuando la actual Legislatura dejó sin efecto la aprobación de sus antecesores, la ASE se hizo la desentendida y prácticamente chamaqueó a los nuevos diputados que incurrieron en lo que pudo haberse considerado la novatada de re aprobar lo que habían anulado, por falta de tiempo. Eso sí, con un agregadito de nueve recomendaciones para la ASE, hoy olvidadas.

Este año ya no pudo tratarse ni de chamaqueada ni de novatada. Si los diputados dejaron que la ASE trabajara sin la supervisión de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) –que pudo ser (que no lo fue) un elemento de mayor certeza en la fiscalización– es su completa responsabilidad, o mejor dicho, su complicidad en la farsa.

El descaro del diputado panista Rolando Hervert Lara al declararse incompetente para revisar el trabajo de la ASE –otra vez por falta de tiempo– raya en una irresponsabilidad cínica cuando plasma su firma en los dictámenes aprobados este jueves por el Pleno del Congreso del Estado. ¿Habrá leído el Código de Ética que anunció con bombo y platillo?

En el colmo, en su primera acción, la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia le puso la cereza al pastel de la simulación.

Elaboró un solo dictamen que reprodujo 113 veces con sólo dos cambios; el nombre del ente fiscalizado y el “considerando” quinto en el que copió y pegó la parte medular de los informes individuales presentados por la ASE. (Consulte aquí el archivo PDF con tabla comparativa de los dictámenes)

¡Ah! En dos casos, el del Poder Judicial y el del Ayuntamiento de San Luis Potosí, le agregó a los dictámenes una palabra de dos letras en dos ocasiones a cada uno: en el apartado de “dictamen” y en el de “proyecto de decreto”. Se trató de la palabra “no” para que en esos casos dijera “no fue realizado con apego…”. Un gran esfuerzo para poner dos letras cuatro veces con un tino tan preciso.

Es justo señalar que además de ese sacrificado esfuerzo de “copiar, pegar y cobrar” también se esmeraron en elaborar dos dictámenes diferentes, aunque insustanciales: el correspondiente al informe general y el de la reposición de la auditoría al Ayuntamiento de Ébano a su Cuenta Pública de 2016.

Como la primera impresión es la que cuenta, la UEC encabezada por Jorge Ovidio Robledo Gómez –con sus expertos y especialistas– ya se presentó como un elemento más de la farsa en que funcionarios rapaces han convertido lo que pretenden presentar como sistema estatal de fiscalización.

Toda una simulación ratificada por el pleno de la Legislatura, cuya aprobación de los dictámenes en la sesión de este jueves, además de un acto de complicidad, es la confirmación de que el sistema estatal de fiscalización no está en crisis… ¡no existe!