Por Victoriano Martínez
Han pasado 28 días desde que el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) entregó los informes general e individuales sobre la revisión de las Cuentas Públicas 2024 y los documentos siguen sin ser publicados, lo que representa una consolidación de la opacidad en los procesos de fiscalización agravada durante el actual sexenio.
No es que en los sexenios anteriores existiera una actitud oficial de las autoridades para transparentar la labor de fiscalización realizada por el organismo encargado, así se llamara Contaduría Mayor de Hacienda o Auditoría Superior del Estado, sino que ahora ni por vías oficiales ni a través de filtraciones se conoce la información.
A pesar de que el párrafo 12 del artículo 54 de la Constitución establece que la labor del organismo ficalizador “debe guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que rinda los informes a que se refiere este artículo”, los responsables de ese organismo mantenían la reserva y respondían solicitudes de información con acuerdos generales.
Hoy, a lo más que se puede acceder es a las versiones de los informes general e individuales que se publican de manera tardía, cuando de 2018 a 2021 se publicaron el mismo día en que fueron entregados a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado.
Aquella medida representó un avance en transparencia, pero insuficiente dado que esos informes son un resumen de las “actuaciones y observaciones” sobre las que a partir de ese momento ya no se debe “guardar reserva”. En sentido estricto, desde ese momento la Constitución declara esos documentos como públicos.
El retroceso de la transparencia en materia de fiscalización le niega a cualquier persona conocer la información a la que tiene derecho, y no sólo sobre los documentos que tienen fecha constitucional para volverse públicos, sino también sobre el documento base de la rendición de cuentas: las Cuentas Públicas presentadas cada año por los entes fiscalizables.
No es tan fácil rastrear las cuentas públicas de los entes públicos en sus portales de transparencia y el Congreso del Estado es omiso al no publicarlas como le ordena la fracción XVII del artículo 86 de la Ley de Transparencia. Se limita a publicar una aclaración en Power Point cada mes hasta con los mismos errores:
“No huno procedimientos de evaluación, dictamen y aprobación de informes y cuentas publicas por el Pleno del Congreso del Estado durante este mes”.
Seguramente en los próximos días el IFSE publicará sus informes de auditoría en un retrasado cumplimiento del avance oficial que se tuvo en 2018 con la publicación de esos documentos que son un resumen de todas las actuaciones y observaciones realizadas.
El establecimiento de los informes general e individuales abrió la información hacia esos resúmenes, pero la cerró para el resto, incluso en casos de solicitudes de información específicas. Se le niega a la población en general el derecho a saber con más detalle las irregularidades en las que incurrieron sus autoridades representativas.
Aunque parezca una contradicción, antes de la existencia de esos informes se podía conocer más información sobre los resultados de la fiscalización, aunque no era por vías oficiales, sino de filtraciones.
Las características de los informes filtrados permitían conocer información mucho más detallada porque los resultados entregados por el órgano fiscalizador al Congreso del Estado incluían una serie de apartados que desglosaban rubros específicos de gasto. Por ejemplo, los resultados de la auditoría a la Cuenta Pública 2013 del Poder Ejecutivo incluían las siguientes secciones:
Informe de auditoría; observaciones financieras; observaciones administrativas; anexo balance consolidado; anexo estado ingresos y egresos; anexo evolución gasto por capitulo; anexo grafico del gasto; anexo presupuesto capitulo global; anexo presupuesto por dependencia; anexo presupuesto por eje; anexo presupuesto por objeto del gasto.
A pesar de estar obligados a hacerlo, ni el Congreso del Estado ni la Auditoría Superior del Estado (ASE) publicaban los documentos, y ante solicitudes de información respondían con un acuerdo de reserva.
¿Cómo se lograba conocer la información? Al menos de 2009 a 2017 hubo quien, desde el interior de la ASE, filtró los documentos completos a periodistas u organizaciones, con una característica propia de un ejercicio de transparencia: no se filtraban de manera selectiva y con intenciones politiqueras como se ha caracterizado hoy el IFSE.
Al menos así quedó constancia en el portal Web de Proyecto Tábano, que daba cuenta de la totalidad de los resultados de las auditorías, en donde todavía se pueden consultar los documentos de 2009 a 2017.
Hoy el Instituto de Fiscalización Superior del Estado no ha publicado los documentos que entregó hace 28 días, a pesar de que se trata de unos resúmenes a modo que, lejos de mostrar el panorama de la aplicación del erario, dejan ver como nunca su labor de limpieza de cuentas públicas y vendettas contra entes “no alineados”.
