Adriana Ochoa
Presentada como un avance en la dignificación de los cuerpos de seguridad, la iniciativa del gobernador para obligar a los municipios a garantizar pensiones y jubilaciones a sus policías ya fue entregada a comisiones del Congreso del Estado. De inicio, el análisis revela incongruencias con la Constitución y una peligrosa vulneración de la autonomía municipal.
El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones y la iniciativa propone, sí, fortalecer el régimen de seguridad social de los policías municipales, particularmente en materia de jubilaciones, pensiones y un retiro digno.
Aunque el documento asegura que se cumplió con el respeto a la autonomía municipal consagrada en el artículo 115 de la Constitución, la realidad es que la propuesta introduce una “obligación disfrazada”. Hasta ahora, ya con esas reformas en camino de su segura aprobación aritmética, se convoca a los alcaldes para que expresen su beneplácito y hasta “agradecimiento” por las nuevas disposiciones que muchos de ellos ni cumplir pueden.
En su texto, la iniciativa establece que los ayuntamientos “deberán garantizar que las personas integrantes de los cuerpos de seguridad pública municipal accedan de manera efectiva a prestaciones de retiro, jubilación o pensión“. Aunque se permite a los municipios definir las medidas para cumplir con estas obligaciones, según sus capacidades administrativas y presupuestales, la imposición de este mandato coloca al Ejecutivo estatal sobre la autonomía hacendaria municipal, establecida en el 115 de la Constitución. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en su modelo pasado, defendió siempre este punto.
Un punto crucial que le quita encanto a la propuesta es la ausencia de un diálogo previo con las autoridades municipales. No hay constancia de que se haya consultado a los ayuntamientos o se haya considerado su situación financiera. No es ninguna novedad que hay en SLP municipios que carecen de los recursos necesarios incluso para mantener a sus propias fuerzas policiales y dependen de la seguridad estatal.
Esta falta de viabilidad presupuestaria ignora la realidad de la diversidad presupuestal entre municipios que la propia iniciativa reconoce, aunado a que permite “esquemas graduales de implementación, conforme a la capacidad financiera de cada ayuntamiento”. La obligación, sin una fuente de financiamiento garantizada, puede convertirse en un peñasco atado al cuello para alcaldías muy precarias.
La iniciativa propone que los municipios puedan garantizar estas prestaciones a través de “modelos equivalentes” que observen “criterios de viabilidad financiera, continuidad institucional y transparencia”. O sea, que contraten con privados.
Al menos en la bancada del aliado Morena, el tema de los “modelos equivalentes” de pensiones policiales no acaba de convencer. Lo más simple es que los municipios obligados remitan el manejo de las jubilaciones de sus agentes del orden a una afore ya consolidada. Otra posibilidad, que preocupa más, es que se abone el terreno para un nuevo giro de negocio muy lucrativo: la creación de “fonditos” de pensiones ofrecidos a bajo costo para los policías municipales, en nivel operativo de tianguis, improvisados, sin una regulación suficiente, ni garantía sólida. Fondos “tolete”, como el arma más básica de un policía. Baratos, quizá, pero, ¿suficientes y serios?
Desde la posición de Morena, en la línea de fortalecer las instituciones de seguridad existentes, mientras el artículo 73, fracción XXIX-H de la CPEUM faculta al Congreso de la Unión para legislar sobre seguridad social, esta iniciativa local podría crear esquemas paralelos y fragmentar el sistema nacional de pensiones. La postura la confirmó aquí la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, en su reciente visita: “No compartimos nosotros el sistema de privatización, creemos que esos sistemas han fracasado y que no sería el mejor modelo para los policías de San Luis”, se pronunció.
En resumen, la iniciativa del gobernador Gallardo, representa un riesgo significativo. Al obligar a los municipios a financiar las pensiones de sus policías sin una consulta previa, al crear un sistema de financiamiento potencialmente riesgoso a través de fondos privados y al invadir competencias federales en materia de seguridad.
La dignidad de los policías merece un esquema de seguridad social, pero este debe ser resultado de un análisis riguroso y respetuoso de la autonomía municipal, no de una imposición que podría comprometer la estabilidad financiera de los ayuntamientos potosinos.
ROLLOS SUELTOS
EXCESO EXPUESTO. En una decisión que subraya la importancia del debido proceso, el Tribunal Colegiado en Materia Penal de San Luis Potosí confirmó el amparo a un exfuncionario bancario, anulando el auto de vinculación a proceso por el delito de peculado con fondos de Pensiones del Estado. El tribunal determinó que la jueza de control modificó los hechos originales de la acusación.
EL CASO. La Fiscalía acusó al exfuncionario bancario, con otras seis personas, de haber participado en un desvío superior a 180 millones de pesos de la Dirección de Pensiones de Gobierno del Estado. La imputación inicial se centró en un presunto delito de peculado. Se alegaba que, mientras el implicado se desempeñaba como ejecutivo bancario, tenía la obligación de administrar correctamente los fondos de un fideicomiso y no informó a la Dirección de Pensiones sobre pagos indebidos.
JUSTICIA “FICCIÓN”. La jueza lo vinculó a proceso, no solo por la omisión de informar, sino que añadió una participación más intencionada como “cómplice o partícipe” en la distracción de recursos. Un juez de distrito que revisó el caso consideró que esta adición era una modificación sustancial de los hechos imputados y que no existían pruebas suficientes para sostener que el acusado había participado de manera activa, basándose la decisión únicamente en su puesto de trabajo.
CONFIRMACIÓN. El Tribunal Colegiado, al analizar el caso, concluyó que la sentencia del juez de distrito era correcta. Sostuvo que la jueza de control había ido más allá de lo que permitía la ley al modificar los hechos originales de la imputación. En consecuencia, el tribunal confirmó la concesión del amparo. La resolución deja sin efecto el auto de vinculación a proceso y ordena a la jueza de control emitir una nueva decisión (a ver si ahora menos “creativa”), con la única limitante de que se pronuncie sobre los hechos y la clasificación jurídica conforme a la formulación inicial de la Fiscalía.
BAJO PROCESO, PERO LIBRE. El proveedor de equipos de seguridad detenido con mucha estridencia y versiones múltiples del motivo en el exclusivo fraccionamiento La Loma, llevará su proceso en libertad. El único delito en su causa penal es la posesión de arma de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Le fijaron audiencia constitucional hasta septiembre.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Adriana Ochoa es periodista desde 1988. Actualmente es directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y docente titular de Organización Política y Ciudadanía.
