María Ruiz
El despojo de inmuebles en San Luis Potosí tiene una historia que antecede a los casos que recientemente han puesto el tema bajo los reflectores a nivel nacional. Para Jorge Chessal Palau, expresidente del Capítulo San Luis Potosí de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, la falsificación de documentos y el uso irregular de poderes han sido parte de este problema desde hace más de una década.
“En San Luis Potosí el problema del fraude inmobiliario y el despojo en realidad viene desde 2011, 2012 más o menos, y ha sido un problema recurrente desde entonces”.
El abogado sostuvo que el fenómeno no se limita a la ocupación ilegal de una vivienda o terreno. En algunos casos, la operación comienza mucho antes, con la construcción de documentos que pretenden dar apariencia de legalidad a una transacción inmobiliaria.
“Ha habido casos en San Luis Potosí, por ejemplo, de operaciones inmobiliarias que se llegaron a hacer con un poder o con poderes otorgados por un notario del Estado de Guanajuato que había muerto desde 2012, y que sin embargo aparecieron de repente poderes aquí en 2015, 2017, 2019, como si el notario los acabara de firmar”, aseguró.
Chessal Palau señaló que este tipo de casos revela la necesidad de que las autoridades dejen de analizar los delitos inmobiliarios como hechos aislados. Su propuesta consiste en concentrar en una misma instancia las denuncias relacionadas con falsificación de escrituras, poderes y despojos, para poder cruzar la información.
“Tener una agencia del Ministerio Público, una mesa de trabajo donde concentren todas las denuncias que tienen que ver con falsificación de escrituras de propiedad, de poderes, con despojos inmobiliarios”.
La ventaja, explicó, sería identificar a quienes aparecen repetidamente en distintas operaciones y determinar si existe una estructura detrás de los casos denunciados.
“El que aparece como vendedor en uno aparece como apoderado en otro y aparece como comprador en otro”, añadió.
Para el expresidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, una de las fallas está precisamente en que esa información no se analiza de manera conjunta, “No sistematizan la información”.
El despojo, además, puede llegar hasta la ocupación física de una propiedad. Ante estos casos, el abogado señaló que existen mecanismos legales para que una persona pueda recuperar temporalmente el inmueble cuando acredita su propiedad y quien lo ocupa no cuenta con documentación que justifique su posesión.
Chessal Palau explicó que el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla la posibilidad de una restitución temporal mientras continúa el procedimiento correspondiente.
La problemática, insistió, no debe entenderse como una situación exclusiva de la Ciudad de México. Las modalidades pueden variar, pero detrás de ellas aparecen prácticas como la falsificación documental, el uso de poderes y la ocupación ilegal.
