Fernanda Durán
En mesa de trabajo legislativa, la cofundadora del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria, Jennifer Seifert Braun, pidió incluir este delito como tipo penal autónomo en el Código Penal del Estado, con penas más severas que pudieran llegar hasta los 15 años de prisión y sin ambigüedades jurídicas.
En la reunión, el Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria solicitó a legisladores locales reformar el Código Penal para tipificar este delito como una forma específica de violencia de género, con penas más severas, protocolos diferenciados y sin ambigüedades que obstaculicen su denuncia e investigación.
En este mes fue incorporado como un nuevo tipo penal dentro del Título Sexto del Código Penal estatal, en un capítulo denominado “Violencia Vicaria”, sumándose a los delitos contra la familia. La propuesta aprobada contempla sanciones de dos a ocho años de prisión, además de una multa de 140 a 200 unidades de medida y actualización (UMA). Las penas podrían incrementarse si se comete a través de terceras personas.
Jennifer Michelle Seifert Braun, cofundadora del Frente, expuso ante diputadas, representantes del Poder Ejecutivo, Judicial y de la Fiscalía General del Estado, que esta violencia tiene consecuencias devastadoras para miles de mujeres e infancias en México.
“La violencia vicaria no es un fenómeno aislado ni una disputa familiar; es tortura psicológica institucionalizada con complicidad del sistema. Es terrorismo doméstico”, sostuvo.
Según cifras del Frente, actualmente hay 4 mil 802 madres registradas como víctimas, lo que implicaría a al menos 10 mil niñas, niños y adolescentes afectados solo en esta colectiva.
“Todos los días recibimos entre 50 y 60 nuevos casos. A eso súmenle los que nunca llegan porque las mujeres tienen miedo o son silenciadas por las instituciones”, advirtió.
Seifert criticó que, aunque este tipo de violencia ya está reconocida en 24 códigos penales estatales, su definición aún es ambigua.
Señaló que en muchas entidades se le denomina “violencia por interpósita persona”, un término que dificulta las denuncias
“Cuando una mujer quiere denunciar violencia vicaria, la respuesta institucional es: ‘eso no existe aquí’, porque no está llamada por su nombre”.
También exigió que se incluya dentro del tipo penal el uso de familiares, incluso mascotas, para infligir daño, así como sanciones contra cómplices y abogados que presenten denuncias falsas como estrategia de desgaste.
“Tenemos casos donde se copia y pega la misma denuncia falsa contra varias madres, solo cambiando el nombre”, denunció.
La diputada Gabriela López Torres, presidenta de la Comisión Segunda de Justicia, reconoció que si bien se avanzó con una reforma al Código Familiar, es urgente reformar el Código Penal.
“No podemos dejar sin herramientas a las fiscalías ni a los jueces. Si el tipo penal no está bien definido, se vuelve letra muerta”.
También compartió que detuvo una iniciativa sobre violencia por interpósita persona al detectar que podría contravenir los avances logrados para reconocer la violencia vicaria como una categoría autónoma.
Por parte de la Fiscalía General del Estado, Edgar Uriel Sanjuanero explicó que contar con un tipo penal claro les permitirá cumplir con su función constitucional sin sesgos.
“Una buena ley nos da la herramienta técnica para probar ante los jueces, no con opiniones, sino con evidencia. Eso permite justicia real”, expresó.
Las participantes coincidieron en que además de la legislación, se necesita una transformación institucional profunda.
“Hay jueces, peritos, MP y DIF que revictimizan a las mujeres por ignorancia o complicidad. La falta de perspectiva también es una forma de corrupción”, aseveró Seifert.
Seifert Braun advirtió sobre el crecimiento de movimientos detractores que, bajo un discurso de neutralidad y defensa de la igualdad parental, en realidad buscan preservar privilegios y encubrir violencias.
“Estos grupos están encabezados, en muchos casos, por hombres con antecedentes de abuso o negligencia, y utilizan a la infancia como escudo para evitar rendir cuentas”, afirmó.
Explicó que su estrategia consiste en desacreditar a activistas, sembrar miedo entre legisladores y judicializar el discurso, incluso exponiendo a menores en procesos judiciales como parte de campañas de difamación.
“No vienen a equilibrar el debate, vienen a debilitar leyes que les quitan poder para violentar impunemente”, sentenció.
Por último, la activista aclaró: “No estamos aquí por venganza, estamos aquí porque esta violencia existe, está documentada y se cobra vidas. No es suficiente legislar, hay que implementar, sancionar y reparar. Si no lo hacemos, el Estado seguirá siendo cómplice por omisión”.
