María Ruiz
El doctor Miguel Waldo Izquierdo, presidente de la Fundación Genoveva, informó en entrevista que la organización interpuso un amparo tras la negativa de la Secretaría de Salud de San Luis Potosí a otorgar la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) a poblaciones consideradas de atención prioritaria.
De acuerdo con lo expresado, la autoridad estatal rechazó ampliar la cobertura del biológico con base en criterios administrativos del programa nacional de vacunación, los cuales priorizan principalmente a ciertos grupos de edad y sexo.
“Buscamos, a través de este amparo, principalmente evitar discriminación a grupos de atención prioritaria desde el gobierno, siempre basándonos en el derecho a la salud y los derechos humanos”, declaró.
En entrevista, Izquierdo explicó que estos lineamientos dejan fuera a sectores con mayor riesgo de infección, como personas que viven con VIH, usuarios de profilaxis preexposición (PrEP) y población LGBTIQ+.
“El riesgo de infección por VPH no es exclusivo de mujeres jóvenes. Las políticas actuales no reflejan completamente la evidencia científica ni las recomendaciones internacionales”, afirmó.
El presidente de la fundación, señaló que el recurso legal busca no solo revertir la negativa, sino también sentar un precedente para que las políticas públicas sean más inclusivas.
“El acceso a la vacuna debe responder al nivel de riesgo y a la necesidad real de las personas, no a criterios restrictivos. Este amparo es una vía legítima para que el Estado revise decisiones que pueden limitar derechos fundamentales”, indicó.
Finalmente, destacó que garantizar el acceso a la vacuna contra el VPH es clave para prevenir diversos tipos de cáncer, como el anal y el orofaríngeo, que tienen mayor incidencia en poblaciones clave.
“Negar o limitar el acceso refuerza desigualdades y estigmas, mientras que garantizarlo contribuye a una respuesta más justa y efectiva en salud pública”, concluyó.
La Fundación Genoveva informó que continuará dando seguimiento al proceso legal y reiteró su llamado a las autoridades para garantizar el acceso equitativo a servicios de prevención.
