Por Victoriano Martínez
Y hoy que a las 12 del día está programado el segundo informe del alcalde Enrique Galindo Ceballos, ¿cuál será “el estado que guarda la administración pública municipal” que la Ley Orgánica del Municipio Libre le ordena dar a conocer?
Cuando menos para los 45 mil 713 ciudadanos que participaron con su opinión en el plebiscito realizado el pasado domingo, una auténtica rendición de cuentas tendría que explicar porqué llegó la actual administración en un estado en el que habrá de perder parte de sus ingresos propios, de las participaciones federales, de su territorio y de su población.
Una explicación que tendría que ir más allá de las cifras frías que, según los datos incluidos en la opinión que envió el Cabildo al Congreso del Estado, los ingresos propios del ayuntamiento disminuirán un 7.91 por ciento, las participaciones federales el 16.24 por ciento, el territorio se reducirá un 10.85 por ciento, y la población un 16.25 por ciento.
“Con plena responsabilidad, este H, Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P., manifiesta que, de concretarse la Municipalización de Villa de Pozos, S.L.P., existirá una repercusión en la hacienda municipal de San Luis Potosí, S.L.P. derivado de la afectación a los ingresos municipales”, advirtieron en el documento.
Una perspectiva en la que el Ayuntamiento, al enfocarse en la afectación a lo que seguirá siendo municipio de San Luis Potosí, se anticipa a considerar como ajenos a su responsabilidad las repercusiones de la municipalización en la “hacienda delegacional” por la forma en que se verán afectados los ingresos de esa demarcación en su condición de nuevo municipio.
En otras palabras, se desentiende de la afectación que pudiera tener la municipalización para el 16.25 por ciento de la población que hoy todavía gobierna y, por lo tanto, está obligado a velar por que no se afecten sus intereses, especialmente lo que pueda repercutir en la prestación de los servicios públicos.
Una desatención que da la razón a quienes argumentan a favor de la desincorporación de esa demarcación del municipio capitalino justamente la falta de inversiones para mejorar las condiciones de servicios e infraestructura en la Delegación.
¿Desde cuándo la Delegación de Villa de Pozos dejó de ser parte del municipio de la capital como para que en la evaluación de su municipalización no se considere proteger los intereses de sus habitantes (o por lo menos advertir) sobre las posibles repercusiones negativas presupuestales y de servicios?
Galindo Ceballos hoy todavía tiene que dar cuenta sobre como sirve y protege a la totalidad de los habitantes del municipio, en consecuencia, tendrá que explicar, especialmente a los habitantes de Villa de Pozos, los beneficios que tendrán en los que sustenta su opinión favorable a la municipalización según el documento enviado al Congreso.
En sentido opuesto, también deberá exponer las consecuencias negativas para ese 16.25 por ciento de la población que aún representa como autoridad municipal, especialmente cuando señala que “hay muchísimos temas que hay que analizar”.
“El decreto (dictaminado en comisiones del Congreso del Estado) dice algunas cosas sobre los bienes inmuebles, las propiedades que son de los potosinos los que vivimos acá, yo la verdad note que hay más de 50 asuntos que hay que analizar”, expuso.
Cabe resaltar la expresión “las propiedades que son de los potosinos los que vivimos acá”, en una postura personal que ratifica el tono de la opinión enviada al Congreso del Estado: los potosinos que viven en Villa de Pozos ya son de allá donde él pareciera ya no tener responsabilidad para con ellos. Casi en el papel del divorciado inconforme: “está bien, nos separamos, pero la casa es mía”.
Los “50 asuntos que hay que analizar” necesariamente forman parte del “estado que guarda la administración pública municipal” y la lógica señala que tendrán que ser parte de lo que hoy detalle en su informe, incluido el significado de su expresión “hay muchas cosas que negociar” aplicado a esos 50 asuntos.
Tal número de asuntos que resultan controvertidos y/o controvertibles, ¿darán para que el alcalde –en una tardía reacción de proteger la integridad del municipio y los intereses de quienes lo habitan, incluido Villa de Pozos– recurra a una controversia constitucional? Quizá sea algo que entre en la categoría de “siempre posible”… ¿pero “realizable”?
