Por Victoriano Martínez
Hay voluntades que se demuestran con resultados y hay otras que sólo forman parte del discurso políticamente correcto para salir del paso y cuidar la imagen cuando se tienen que hacer declaraciones como servidores públicos. Entre éstos, las primeras son prácticamente desconocidas; las segundas son el pan de cada día y el alcalde Enrique Galindo Ceballos dio una muestra ayer.
“Nos importan sus derechos laborales, y creo que ha faltado comunicación para llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento, si es que esa es la vía que ellos deciden”, dijo para expresar –distinto a demostrar– la voluntad obligada de una autoridad municipal para con los policías que exigen atención a su demanda de reincorporación a sus labores tras suspensiones irregulares.
Cuando la voluntad no tiene el respaldo de los hechos, ocurre como en el caso de Galindo Ceballos. Sus palabras contrastan con lo que 24 horas antes denunciaron públicamente los representantes de los 130 policías afectados: “Hemos asistido a buscar al actual secretario, al presidente municipal y al final de cuenta no hemos sido recibidos”.
Es decir, lejos de faltar comunicación lo que ha faltado es respuesta de su parte y la vía del diálogo no es algo que los policías deban decidir ahora, sino que desde antes lo decidieron y ya lo han buscado con tres instancias que son los interlocutores que proceden, pero ninguno les respondió incluido el propio alcalde.
No basta con manifestar la voluntad de estar abiertos al diálogo para proteger los derechos laborales de los afectados cuando ya fue exhibido el antecedente de que no ocurrió así, y aún peor, si en la misma declaración señala que los policías decidieron llevar un proceso por la vía judicial y tendrán que esperar a lo que dictamine y ordenen los juzgados de distrito.
Una voluntad de discurso que, por el área al que pertenecen los trabajadores afectados, adicionalmente muestra el poco interés que se tiene para fortalecer a las corporaciones responsables de la prevención del delito.
De acuerdo con el listado de personal de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal proporcionado para la contratación de seguros de vida, los 130 policías que enfrentan una suspensión irregular representan el 11.73 por ciento de los elementos de la corporación. Según ese dato, más de uno de cada diez policías estaría suspendido.
¿Tan bien está la ciudad en materia de seguridad para que el alcalde se dé el lujo de no buscar una solución a los derechos laborales de 130 policías para reincorporarlos al cien por ciento a sus actividades, como si fuera algo que no se necesitara?
Desde la perspectiva de Galindo Ceballos así es. En otra parte de sus declaraciones de este miércoles, el alcalde consideró que las condiciones de seguridad pública en la ciudad son aceptables comparado con lo que sucede en el país, en Guanajuato, en Jalisco y en Zacatecas.
Poco faltó para que Galindo Ceballos aprovechara otra de esas declaraciones comprometidas con cuidar la imagen de las autoridades y minimizar el problema de la inseguridad, y dijera que avala su dicho el hecho de que el municipio de la capital no forma parte de los cuatro municipios “atractivos” para la delincuencia organizada, según José Guadalupe Torres Sánchez, secretario de Gobierno.
Por cierto, una identificación de municipios conflictivos con afán de reforzar el argumento de que la delincuencia viene de fuera al afirmar que su “atractivo” es por la colindancia con otros estados, cuando la geografía no se ajusta a su versión: Cerritos no cumple ese criterio porque no colinda con ningún otro Estado.
Cuando se declara con fines de proyección de imagen y se recurre a las posturas políticamente correctas sin una voluntad real de ser lo que no se esta dispuesto a ser, se falla doble a la ciudadanía: se incumplen las obligaciones para con ella y, para colmo, se le trata de engañar.
