Por Victoriano Martínez
¿Qué interés motivó al gobernador Ricardo Gallardo Cardona a tomar medidas que, en los hechos, boicotean la difícil labor de la búsqueda de personas desaparecidas incluso con abiertos agravios contra las familias de las víctimas que llegaron al extremo del engaño?
De acuerdo con lo revelado por Teresa Medina, madre buscadora de Perla Guadalupe Padrón Castillo, desaparecida desde 2013, todavía el pasado lunes tuvieron una reunión con el secretario y subsecretario de Gobierno, en la que participó Leobardo Aguilar Orihuela, a quien aún consideraban comisionado Estatal de Búsqueda de Personas.
“En ningún momento se mencionó su destitución ni el nombramiento de nadie más. La reunión se llevó de forma cordial y se habló de los avances en el tema. Lo que pasó después fue un golpe a la confianza que habíamos venido construyendo”, expuso Medina.
Todavía en cuanto se enteraron de la destitución, el Colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros SLP y el Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) protestaron y solicitaron ser tomados en cuenta en el proceso de designación del sustituto de Aguilar Orihuela.
Acababan de estar en una reunión con J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario de Gobierno, acompañado por Aguilar Orihuela, para hablar de los avances en los programas de búsqueda de sus familiares desaparecidos mientras que el funcionario y el ya entonces exfuncionario les ocultaron esa situación.
No sólo les ocultaron esa información, sino que prácticamente de manera simultánea, Noé Lara Enríquez, oficial Mayor de Gobierno del Estado, cumplía la orden de Gallardo Cardona para emitir el nombramiento como nuevo comisionado de la CEBP para Israel Mendoza Espinosa, un absoluto desconocido para los colectivos de personas buscadoras.
Si la destitución sin aviso y sin considerar los avances logrados en tres años por la CEBP lesionó la confianza de las personas buscadoras en el acompañamiento que les puede dar la autoridad en su labor, la engañosa reunión fue un golpe demoledor más… ¡pero no paró ahí!
“Siguiendo las instrucciones del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, este día sostuvimos una reunión con representantes de asociaciones y colectivos de búsqueda, con el objetivo de poner a su consideración como perfil para ocupar la titularidad de la Comisión Estatal de Búsqueda a Israel Mendoza, de acuerdo a lo establecido en la Ley”, escribió Torres Sánchez en una publicación en Facebook el 15 de julio a las 13:45 horas.
“El C. Gobernador Constitucional del Estado ha tenido a bien nombrarlo como titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas”, dice el oficio que le dirigió Lara Enríquez a Mendoza Espinosa desde el pasado lunes.
¿Cómo justifica Torres Sánchez “poner a consideración de los colectivos de búsqueda” un nombramiento que fue emitido 24 horas antes e, incluso, afirmar que lo hacen “de acuerdo a lo establecido en la Ley”? En sentido estricto, se trata de un reconocimiento de que violaron la Ley.
¿Por quién toman a los colectivos de personas buscadoras como para consultarles sobre una determinación consumada? El gravísimo daño a la confianza que debe existir entre la autoridad y las familias buscadoras de sus desaparecidos no podría tener mayores actos de boicot a esa labor que, con tal cinismo, lo menos que provocan es indignación.
Si al momento en el que los colectivos pedían una explicación y participar en el proceso de nombramiento del nuevo comisionado de la CEBP, aún era posible mitigar el agravio y comenzar a trabajar desde cero, la engañosa reunión y la burlona “consulta” revictimizan a las familias de los desaparecidos.
Se tendrá que recomenzar, no con un déficit de confianza, sino con una justificada desconfianza.
