Desiree Madrid
En medio del conflicto entre el Ayuntamiento de Villa de Reyes y la empresa automotriz General Motors por un presunto adeudo del impuesto predial, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, hizo un llamado al diálogo entre ambas partes y que la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) intervendrá para facilitar un acuerdo.
“Ahí es un tema que tienen que hablar las autoridades municipales con General Motors”, comentó el mandatario estatal al ser cuestionado sobre la controversia.
Señaló que el Gobierno del Estado buscará acercar a la Sedeco para que dialogue con la empresa automotriz y ayude a encontrar una solución.
“Tienen que hacerlo a final de cuentas; yo creo que son temas que se deslizan muy rápido y que se pueden arreglar muy rápido”, agregó.
El conflicto se da luego de que Ismael Hernández Martínez, presidente municipal de Villa de Reyes, señalara esta semana a la empresa como deudora del impuesto predial por al menos seis años, lo cual fue negado por General Motors.
A través de un comunicado, la compañía aseguró estar al corriente con sus obligaciones fiscales, tanto a nivel federal como estatal y municipal. Además, expresó su disposición para mantener canales abiertos de comunicación con las autoridades.
“Llamarles al diálogo a las dos partes para que lo puedan solucionar”, insistió Gallardo Cardona, quien evitó tomar partido, pues apuesta por una salida negociada al conflicto que involucra a una de las empresas más importantes del sector automotriz en el estado.
La planta de General Motors, ubicada en el municipio de Villa de Reyes, es una de las inversiones clave en la región y genera miles de empleos directos e indirectos. Cualquier tensión con autoridades locales podría tener implicaciones económicas y sociales, tanto para el municipio como para el estado.
Hernández Martínez declaró que que cuenta con el material jurídico para aseverar el adeudo, mientras que General Motors ha reiterado su cumplimiento fiscal y rechazado las acusaciones.
Con el llamado al diálogo por parte del gobernador y la intervención de la Sedeco, se espera que ambas partes puedan resolver sus diferencias por la vía institucional y evitar una escalada que podría dañar la confianza empresarial y la estabilidad fiscal en la región.
