Desiree Madrid
El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, señaló que su administración buscará endurecer el castigo contra la extorsión, al considerar que se trata de un delito que genera afectaciones graves a la ciudadanía y al sector económico.
Durante una entrevista, afirmó que la intención es que este ilícito deje de tener consecuencias legales consideradas menores frente a otros delitos de alto impacto.
Gallardo Cardona informó que, como resultado de los operativos y líneas de investigación abiertas, más de 20 personas han sido detenidas por su presunta participación en extorsiones, y que las indagatorias continúan en curso. Indicó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para frenar este delito y evitar su expansión.
El mandatario expresó que uno de los objetivos centrales es elevar la severidad de las sanciones penales por extorsión, al equiparar su tratamiento legal al de delitos que implican un alto nivel de coacción y daño a las víctimas.
Actualmente, el Código Penal del Estado de San Luis Potosí establece para la extorsión penas significativamente menores que las previstas para el secuestro. Mientras la extorsión se sanciona con años de prisión y multas económicas, el secuestro es considerado uno de los delitos más graves del marco penal, con penas considerablemente más altas de prisión debido a la privación de la libertad y al daño directo a la integridad física y psicológica de las víctimas.
Las declaraciones del gobernador se dan tras las reformas aprobadas por el Congreso del Estado el 15 de diciembre de 2025, mediante las cuales se fortaleció la legislación en materia de extorsión.
Entre los cambios aprobados se encuentra la posibilidad de que este delito sea investigado con mayores facilidades por parte de las autoridades, con el objetivo de mejorar su persecución.
De acuerdo con el Congreso del Estado, las reformas buscan actualizar la legislación estatal frente a la forma en que actualmente se comete la extorsión y reducir los obstáculos legales que dificultaban su investigación y sanción. Estas modificaciones reconocen el impacto social y económico que genera este delito en distintos sectores.
Gallardo Cardona señaló que el endurecimiento legal debe ir acompañado de acciones operativas y coordinación institucional, a fin de que los casos no queden impunes, por lo que que las investigaciones continuarán abiertas y que se actuará conforme a derecho contra quienes resulten responsables.
Finalmente, el gobernador sostuvo que la intención de fortalecer el castigo contra la extorsión responde a la necesidad de brindar mayor protección a la población frente a un delito que utiliza la amenaza y la intimidación como mecanismos de control.
