Gallardo y Galindo, cómplices de depredadores ambientales

Por Victoriano Martínez

Desde el 13 de diciembre de 2021, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que declaró Área Natural Protegida con el carácter de Área de Protección de Flora y Fauna a la Sierra de San Miguelito, la reacción del gobernador Ricardo Gallardo Cardona y del alcalde Enrique Galindo Ceballos fueron declaraciones de mero compromiso.

Para Gallardo Cardona fue simplemente el cumplimiento de un compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador y advirtió que el decreto podría ser apelado por comuneros de la Sierra que no estén satisfechos, como si antes que celebrar la protección ambiental alentara que se le cuestionara.

“Nos comprometemos a cuidar esta declaratoria y no jugar con los usos de suelo ni autorizaciones indebidas. Parte de ello será proteger la Cañada del Lobo. No fingiremos posturas, sino que promoveremos la sostenibilidad como eje principal”, fue la declaración de Galindo Ceballos.

Están por cumplirse 5 años de aquella declaratoria de ANP y Gallardo Cardona ha acreditado más acciones en contra de su integridad ambiental y hasta simulado una acción masiva de reforestación que resulta congruente con su actitud de boicotear acciones a favor del ANP, especialmente las emprendidas por los Guardianes de la Sierra de San Miguelito.

En el caso del alcalde, ni posturas reales ni fingidas salvo una reforestación para la foto y la propaganda sin ningún respeto a las condiciones que una acción de esa naturaleza debe cumplir.

En cambio, Galindo Ceballos fue expuesto por depredadores ambientales en una asamblea con comuneros de San Juan de Guadalupe como una autoridad lista para autorizarles desarrollos inmobiliarios dentro de la Sierra de San Miguelito.

Ni Gallardo Cardona ni Galindo Ceballos han acreditado una genuina preocupación por la protección de la Sierra de San Miguelito, a pesar de que los servicios ambientales que presta a la ciudad tienen que ver con el abastecimiento de agua, así como la prevención de inundaciones, además de otros beneficios ecológicos.

Politiqueros orientados por sus afanes propagandísticos, hoy sus ambiciones electoreras los mantienen en una conveniente confrontación que, lejos de mostrarlos interesados en atender los problemas de la sociedad, exhiben un espectáculo barato que distrae la atención cual caja china que oculta su inexistente compromiso con el servicio público.

Pero no sólo la politiquería electorera los iguala. Su nulo interés en la protección del ANP Sierra de San Miguelito ha quedado de manifiesto tras el atentado con la construcción de una carretera en torno al Santuario del Desierto, donde no sólo han sido omisos en pronunciarse contra esas acciones, sino también al no exigir una investigación a fondo y sanciones contra los responsables.

¿Acaso no representan los intereses de la población que encabezan como mandatarios y no están obligados a velar por la integridad de su territorio y, en este caso, la de un Área Natural Protegida con la importancia de la Sierra de San Miguelito? Hasta las autoridades de Villa de Reyes, Villa de Arriaga y Mexquitic de Carmona tendrían que pronunciarse.

Gallardo Cardona manda por delante a José Guadalupe Torres Sánchez, secretario de Gobierno, para minimizar los hechos con la etiqueta de especulaciones, en tanto que Galindo Ceballos se deslinda de maquinaria con logotipos de uno de sus programas, pero omite revelar qué empresas son las que contrató y aportar indicios sobre los responsables –a menos que él mismo no esté libre de responsabilidad.

Dos posturas cuya irresponsabilidad queda cada vez más expuesta: un recorrido por la zona donde se inició la pavimentación de una brecha realizado por Guardianes y ejidatarios detectó que “para construir carretera de tres kilómetros y medio rumbo al Santuario del Desierto en la Sierra de San Miguelito, entraron a destruir cerros y vestigios arqueológicos”.

La magnitud de la destrucción ambiental dentro de la ANP es mucho mayor que lo que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) inspeccionó y clausuró.

Si la autoridad federal se quedó corta en su acción para proteger el ANP, las autoridades estatal y municipales han sido muy irresponsables al no exigir medidas que garanticen la integridad de la Sierra de San Miguelito y se sancionen a los responsables, y tengan que ser colectivos civiles los que emprendan acciones y exijan que se investigue y sancione.

Desde el 13 de diciembre de 2021, Gallardo Cardona y Galindo Ceballos han sido congruentes en la desprotección del medio ambiente a tal grado de que cada vez se acreditan más como cómplices de los depredadores ambientales.