Gobernadora con A

Por Edgardo Pérez Alvelais

En los ejercicios de prospectiva, lectura de escenarios y análisis de los movimientos en el tablero del Ajedrez Político local, nacional e internacional, que en este espacio en Astrolabio he realizado semanalmente desde hace casi 4 años, con suficiente antelación nos adelantamos a la selección de Claudia Sheinbaum, su triunfo primero sobre Marcelo Ebrard y luego contra Xóchitl Gálvez; la derrota de Sonia Mendoza, la histórica reelección de Enrique Galindo al frente de San Luis Capital y el triunfo de Donald Trump sobre Kamala Harris en la presidencia de los Estados Unidos.

En la pasada entrega del lunes 20 de octubre titulada Reforma con Aroma de Mujer, analicé lo que ya se vislumbraba y materializó ayer domingo 14 de diciembre con la así llamada “Ley Gobernadora” aprobada con 19 votos a favor y 8 en contra, sin abstenciones, de acuerdo con el registro electrónico del Congreso del Estado. Llamó poderosamente la atención que los votos en contra provinieron de seis diputados de Morena y dos del PAN, mientras que otras dos legisladoras panistas votaron a favor.

En aquella entrega de hace 7 semanas desglosé lo que el diputado morenista Carlos Artemio Arreola Mallol -que curiosamente ayer votó en contra-, dijo en el sentido de que dicha iniciativa con aroma de mujer presentada por el bloque legislativo de Morena, PT y PVEM no buscaba imponer que en las próximas elecciones sea una mujer quien encabece la gubernatura, sino incluir en la Constitución del Estado el término “gobernadora” para reconocer el lenguaje incluyente -según argumentó el legislador-, pero expuse que ello no dejaba de ser un jaque, más no mate, a las pretensiones electorales de Enrique Galindo Ceballos rumbo a la gubernatura del 2027. 

La reforma, impulsada originalmente por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), modifica la Constitución Política del Estado y la Ley Electoral de San Luis Potosí, con el argumento de garantizar la igualdad sustantiva y eliminar barreras históricas para la participación política de las mujeres.

Además de establecer la paridad obligatoria en la candidatura a la gubernatura, el dictamen aprobado incluye cambios al marco electoral, como el adelanto del inicio del proceso electoral, ajustes en fiscalización, prerrogativas, procedimientos de quejas, remuneraciones, y la realización de debates obligatorios en municipios con mayor lista nominal.

El pasado viernes 12, el alcalde Enrique Galindo Ceballos, declaro que “en este momento”, no sentía que dicha reforma, que había sido aprobada en comisiones, para que las candidaturas a la gubernatura en el 2027 sean solo para mujeres, tuviese una dedicatoria en contra suya: “Hoy todavía no lo siento así, porque viene aun la Reforma Federal y puede también traer sorpresas. Yo creo que ya que venga la federal, ya entones yo podré darles una opinión si es algo que lleva una tendencia o no”, sostuvo.

El salón Parafernalia, lugar del tradicional convivio navideño del edil capitalino con los representantes de los medios de comunicación, fue testigo de su renuencia para abordar el tema -que periodísticamente era inevitable-, y darle la vuelta a incómodas preguntas en el sentido de que si con ello se vulneraban los derechos político-electorales de los varones. Pidió esperar, eludió profundizar en un posible “Plan B” y, ni una sola palabra sellada con una risa nerviosa-, cerró su postura y no opinó si su esposa Estela Arriaga, en un caso extremo, podría tomar la obligada estafeta y ser la abanderada del PAN para el 2027. Ahora veremos qué opina sobre lo acontecido.

Más allá de que la reforma aprobada ayer pueda ser impugnada y, muy probablemente, termine anulada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sus efectos son ya un exitoso golpe propagandístico contundente que -a favor y en contra- legitiman la llegada, dentro de 2 años, de una Gobernadora con A a la silla de las decisiones.

Es decir, en términos de mercadotecnia política, el gallardismo ya logró sembrar en la mente del electorado, vender y reproducir en el imaginario colectivo, y replicar con gran éxito, la idea de que una mujer nos gobernará y, concretamente, será la senadora Ruth González Silva, con lo cual se despeja toda duda de quién sería el o la abanderada del Partido Verde para concretar la primera parte del proyecto transexenal de Ricardo Gallardo Cardona, cuyo grupo político va por retener y heredar el poder para los suyos en al menos 2 sexenios más en San Luis Potosí. Dice el popular refrán: “Golpe dado ni Dios lo quita”.

El dossier explicativo de lo que ayer sucedió con la reforma electoral 2027 en San Luis Potosí bien puede titularse así: Paridad, poder y prisa: anatomía de una reforma. Es decir, no todo cambio constitucional que se proclama progresista nace de un impulso virtuoso. Algunos emergen de una aritmética precisa del poder, de una lectura anticipada del tablero político y de una urgencia que no es social, sino política. Otros, en cambio, responden a la responsabilidad institucional de ordenar con tiempo, dotar de certeza y evitar improvisaciones que suelen deteriorar la competencia democrática. Lo ocurrido ayer en el domingazo legislativo con la aprobación de la llamada Ley Gobernadora contiene, de manera simultánea, ambas lógicas. Por eso exige una lectura serena, compleja y completa.

Formalmente, el Congreso del Estado aprobó una reforma que obliga a los partidos políticos a postular exclusivamente mujeres a la gubernatura en 2027. En el papel, el argumento es sólido: igualdad sustantiva, eliminación de barreras históricas y profundización de la paridad como principio estructural del sistema democrático. Esta orientación se alinea con la evolución constitucional mexicana, con criterios de los órganos electorales y con prácticas internacionales que buscan cerrar la brecha entre paridad formal y participación efectiva. Desde esa óptica, la reforma aparece como una decisión de visión democrática y de largo plazo.

Sin embargo, como advierte la historia política -de Nicolás Maquiavelo a Robert Michels, de Alexis de Tocqueville a Pierre Bourdieu-, las normas no se entienden solo por lo que dicen, sino por cuándo se aprueban, cómo se procesan y qué efectos producen. Y es aquí donde la serenidad analítica obliga a detenerse.

La reforma fue aprobada sin debate público amplio, mediante un trámite acelerado y en un domingo legislativo. Para algunos, esa rapidez no fue técnica sino estratégica: cerrar el margen de maniobra futura, fijar reglas antes de que el escenario político se reacomode y ordenar la sucesión con anticipación. Para otros, se trató de una decisión responsable: establecer con tiempo las reglas del juego para brindar certeza jurídica, permitir la planeación partidista y evitar conflictos de último momento que suelen judicializar procesos enteros.

Ambas lecturas conviven hoy en la agenda y conversación pública. En política, legislar temprano puede interpretarse como una forma de gobernar tarde; también puede entenderse como una manera de gobernar con previsión. La diferencia no está en la norma, sino en la confianza que la sociedad deposita en quienes la impulsan. El affaire de Sara Rocha del carrito rifado y luego negado como broma de los Inocentes se viralizó y abonó a la desconfianza de la misma.

La reacción social no ha sido contra la paridad en sí. Redes, columnas y conversaciones coinciden en un punto: el debate no es de género, sino de método. Una parte de la ciudadanía percibe que la competencia no se amplía, sino que se delimita selectivamente. Otra parte observa, en cambio, una oportunidad inédita para que los partidos fortalezcan liderazgos femeninos y renueven su oferta política. La misma medida genera expectativas y suspicacias a la vez.

Entre los potosinos y las potosinas se repiten tres sentimientos: escepticismo, por la forma acelerada; indignación cívica, por la ausencia de deliberación visible; y sospecha, por el beneficio político que algunos consideran evidente. Paralelamente, hay interés genuino, expectativa de cambio y reconocimiento de que San Luis Potosí se coloca en un debate relevante sobre paridad sustantiva.

Incluso entre mujeres con trayectoria política sólida coexisten dos sensaciones: la posibilidad real de competir por la gubernatura deja de ser excepcional y se vuelve estructural; pero también emerge la inquietud de que una lucha histórica pueda ser instrumentalizada, subordinando el mérito al cálculo. Esta ambivalencia no invalida la reforma en el corto plazo; la complejiza.

En términos objetivos, los pros y contras existen y conviven. Entre los beneficios reales se cuentan la centralidad del tema de paridad, la obligación de los partidos de visibilizar y preparar cuadros femeninos y la apertura, al menos en abstracto, de oportunidades que antes estaban cerradas. Entre los costos estructurales se señalan la posible reducción de la competencia, el debilitamiento de la legitimidad por la falta de debate y el precedente de adaptar la ley al calendario político. La paradoja es clara: una norma diseñada para fortalecer la democracia puede, si no se acompaña de consenso, erosionar la confianza pública.

Desde el punto de vista jurídico, la reforma es impugnable, como lo es cualquier modificación constitucional. Hay materia para discutir principios de equidad, libre competencia y no regresividad de derechos políticos. La SCJN podría invalidarla, modularla o dejarla firme. Si se bloquea, el impacto será político además de jurídico: se cuestionará la intención y se tensará el relato institucional. Si no se bloquea, el proceso electoral avanzará bajo la sombra de una reforma que algunos consideran diseñada y otros ven como visionaria. En ambos escenarios, hay desgaste; en ambos, también, funcionamiento del Estado de derecho.

Aquí entra la lectura institucional. Para el Gobierno del Estado, el Congreso y las autoridades electorales, la reforma representa certidumbre, legalidad y planeación anticipada. Definir reglas claras con tiempo suficiente fortalece la organización electoral, permite a los partidos cumplir con sus obligaciones y deja a la ciudadanía el papel central: decidir mediante el voto libre y secreto. La norma no designa candidaturas ni favorece perfiles específicos; construye condiciones. La revisión judicial, si ocurre, no debilita la democracia: la confirma.

Desde la sociología del poder, se ha advertido que los gobiernos que dominan la agenda corren el riesgo de confundir control con legitimidad. Cambiar reglas puede ser gobernar mejor; también puede ser gobernar con miedo al futuro. La historia ofrece ejemplos de ambas cosas. Causas justas han servido para transformaciones profundas; también han sido utilizadas como vehículos de conservación. El resultado depende menos del texto legal que del contexto político y del comportamiento posterior de quienes gobiernan.

Por eso, más que dictar un veredicto, este columnista propone una comprensión. San Luis Potosí no enfrenta únicamente un debate de género, sino uno de calidad democrática. La pregunta no es quién debe gobernar, sino cómo se decide quién gobierna. Cuando las reglas se cambian sin discusión visible, la confianza se resiente; cuando se establecen con anticipación y se someten al escrutinio institucional, la democracia se fortalece.

Es previsible que el discurso oficial subraye el carácter histórico de la medida, su legalidad y su alineación con principios constitucionales. Todo ello es cierto en el plano normativo. También es previsible que la crítica insista en la prisa, en la oportunidad política y en el diseño del marco. Ambas narrativas son reales y coexistentes. Comprenderlas no es tomar partido: es leer el poder.

Al final, la paridad no se defiende solo con leyes, ni la democracia se agota en la legalidad. La confianza pública -esa materia frágil- no se impone: se construye. Esta explicación no busca cerrar la discusión, sino elevarla. Porque solo una ciudadanía informada puede decidir con libertad cuando llegue el momento de votar.

Simultáneas

– SLP: alternancia de cotos, continuidad de lógica. San Luis Potosí no vive una anomalía política. Vive, en versión concentrada, el mismo fenómeno que México entero: En 2021 el desplazamiento de un grupo de poder (el PRIAN –“la herencia maldita”-) por otro (gallardismo), sin que ello implique necesariamente un cambio en la lógica con la que el poder se ejerce. Por eso el estado es como es y tiene lo que tiene. No por accidente, sino por coherencia cultural. Durante años, el poder fue administrado por un coto tradicional: apellidos, tierra, finanzas, relaciones, instituciones. Operaba con discreción y compostura pública; el daño social, cuando aparecía, se diluía entre tecnicismos y silencios. UNICRER basta como referencia mínima para entender el método: la respetabilidad no impidió el perjuicio, y la rendición de cuentas nunca fue proporcional. No fue el centro del sistema, fue una grieta que mostró cómo la élite también puede perjudicar, solo que con traje. Ese modelo no cayó por virtud ni por eficiencia; cayó por agotamiento social. Y aquí está la clave potosina -y mexicana-: el hartazgo no nace de la pobreza extrema, sino de la impunidad normalizada. No se vota para hacerse rico; se vota para que los de siempre dejen de sentirse intocables. En una sociedad que presume formas y guarda fondo, ese resentimiento prende rápido. Acuérdense: el potosino, la potosina, son como el atole, tardan mucho en calentarse y más en enfriarse.

– El Gallardismo entendió esa emoción y la convirtió en identidad. No prometió prosperidad estructural; prometió desplazamiento. “Ellos te perjudicaron; ahora mando yo”. El mensaje fue eficaz porque habló en el idioma del agravio y porque administró visibilidad: programas con marca, eventos, cercanía, espectáculo (Fenapo, Arena Potosí, Posadas del Santa Claus Verde-Navideño). Donde antes hubo discreción, ahora hay escenificación política. Cambió el lenguaje, no el mecanismo. Por eso al grupo de antes no le indignó que el nuevo poder afectara a la población; le indignó no ser quien decide cómo y a quién. Les molestó el estilo, la estética popular, la pérdida del monopolio simbólico. Les molestó el personaje, el Pollo Gallardo. No el sistema. Y el poder nuevo, lejos de desmontar la lógica, la ocupó. Concentró, administró lealtades, controló territorio y repartió beneficios con otra narrativa. Los símbolos importan porque crean pertenencia. También importan los gestos: episodios recientes y la gestión del relato posterior no son anécdotas; son retratos del método.

– La variante más reveladora. Porque conecta directamente con el país es la ingeniería de continuidad. Lo que a nivel nacional se ha visto como sucesión cuidada y reglas a modo, en San Luis se discutió con el lenguaje local: la paridad. La idea de encabezar la próxima gubernatura con una mujer puede leerse como avance democrático; en contexto, se lee también como administración del legado. La paridad abre el sistema cuando amplía opciones; lo cierra cuando se usa para asegurar relevos convenientes. Aquí aparece la frase que explica la división: no es ética contra corrupción; es coto contra coto. Dos grupos que se pelean el poder. Uno gobernó con silencio; el otro gobierna con aplauso. Uno perjudicaba con discreción; el otro impacta con acciones y narrativa moral. Mismas intenciones, distinta indumentaria. Por eso San Luis está como está. Y por eso se parece tanto a México. El estado se cree más “curro”, más correcto, más fino; en el fondo es más hipócrita: moralista con el vecino, indulgente con el poderoso; escandalizado por el estilo, tolerante con la sustancia. Cambió de manos, no de lógica. La alternancia llegó. Eso es real. La rendición de cuentas como costumbre, no. Mientras la sociedad celebre que “los nuestros” se impongan a “los otros” -en lugar de exigir reglas iguales-, San Luis seguirá siendo espejo fiel y laboratorio político del país: un lugar donde el poder cambia de protagonistas, pero no de naturaleza.

¡Hasta el próximo lunes!

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.