Desiree Madrid
El Gobierno de San Luis Potosí publicó una edición extraordinaria del Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis” el viernes 10 de julio, que contiene el decreto administrativo mediante el cual se modifica el Reglamento Interno de la Guardia Civil Estatal para crear la División de Puestos de Atención Ciudadana.
El decreto fue adiciona un inciso a la fracción V del artículo 3, así como un nuevo artículo 59 Bis al reglamento vigente de la corporación estatal.
El decreto ubica a la nueva división dentro de la Sección Quinta del Estado Mayor de la Guardia Civil Estatal, que ya agrupa unidades de policía y tránsito, la División de Carreteras y Caminos Estatales, binomios caninos y prevención del delito.
El documento justifica la creación de esta nueva área argumentando que existe “la evolución de las necesidades de seguridad y atención ciudadana en el territorio estatal”, una afirmación que el propio decreto no respalda con cifras, diagnósticos o incidentes concretos ocurridos en carreteras estatales.
El artículo 59 Bis enumera 12 atribuciones para la nueva división, entre ellas planear, instalar, operar y supervisar los puestos en carreteras, caminos estatales y zonas de alta movilidad, así como aplicar ocho protocolos nacionales de actuación policial: primer respondiente, cadena de custodia, detención en flagrancia, uso de la fuerza y atención a víctimas, entre otros.
También se le asigna documentar sus actuaciones mediante Informe Policial Homologado, coordinar binomios caninos para detección de narcóticos, armas, explosivos, divisas, personas o mercancías ilícitas, y generar reportes que se integrarán al Sistema Estatal de Información en Seguridad Pública.
El decreto distingue las funciones de la nueva división de las que ya ejerce la División de Carreteras y Caminos Estatales, a la que describe limitada a “la vigilancia, regulación del tránsito, inspección vehicular derivada de normas de vialidad, imposición de infracciones y supervisión del estado físico de las vías de comunicación”.
Plantea, en contraste, que los Puestos de Atención Ciudadana operarán bajo una lógica de “proximidad social” vinculada al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. El texto no explica, sin embargo, por qué estas funciones no podían integrarse a la estructura ya existente de la propia División de Carreteras, ni que evaluación previa sustentó la decisión de crear un mando separado.
En materia presupuestal, el decreto sostiene que la nueva división “no genera impacto presupuestal adicional para el Estado”, ya que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana deberá cubrir su operación con el presupuesto ya autorizado, mediante “adecuaciones internas”.
Los artículos transitorios establecen que la reforma entró en vigor al día siguiente de su publicación y derogan cualquier disposición que la contravenga. El tercero transitorio da a la Guardia Civil Estatal un plazo de 30 días, contados a partir de la entrada en vigor, para actualizar los manuales, lineamientos y protocolos internos necesarios para la operación de la nueva división.
El decreto fue suscrito, además de por Gallardo Cardona, por el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, y por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jesús Juárez Hernández.
