Gobierno de SLP justifica veto a la Ley Gobernadora por riesgos constitucionales

Desiree Madrid

El secretario general de Gobierno de San Luis Potosí, J. Guadalupe Torres Sánchez, detalló el procedimiento y las razones del veto que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ejerció sobre la reforma electoral relacionada con la paridad de género en la postulación a la gubernatura.

De acuerdo con el funcionario, el veto es “un instrumento jurídico que ya fue diseñado, ya fue presentado al Congreso local”, y del cual “los representantes de ese poder ya están informados”.

Torres Sánchez explicó que la decisión del Ejecutivo se sustentó en un análisis de constitucionalidad de la norma aprobada por el Congreso y, tras esta revisión, “se advierten algunas problemáticas en torno a una posible violación de derechos humanos para que las personas puedan ser votadas”, lo que a su juicio podría contravenir principios básicos del sistema electoral y del marco constitucional.

Además, el secretario general indicó que otro de los puntos centrales del veto tiene que ver con la autonomía de los partidos políticos, pues la reforma podría afectar su autodeterminación “para poder tener sus propias decisiones de postulación al cargo de gobernador”, al imponer una regla que limita el margen de decisión interna de las fuerzas políticas.

El funcionario agregó que el Ejecutivo también consideró el riesgo de que la norma derive en conflictos legales durante el próximo proceso electoral, escenario que podría generar incertidumbre y complicaciones jurídicas en una etapa clave para la organización de los comicios.

Torres Sánchez precisó que el veto no se limita a rechazar la reforma, sino que incluye observaciones y recomendaciones dirigidas al Poder Legislativo para replantear el contenido de la norma.

Estas observaciones, explicó, “consisten en cómo hacer un rediseño o un replanteamiento de la norma que tiene que ver justamente con la paridad de género en el tema o en tratándose gobernaturas”.

De manera específica, detalló que la propuesta del Ejecutivo es que, para el proceso electoral de 2027, exista “una postulación libre en cuanto al género, es decir hombre o mujer”.

Para garantizar el principio de alternancia, añadió que la recomendación es que ésta se aplique hasta 2033, “tomando en consideración lo que postulaste en el 2027; si determinado partido político postula mujer ahora en el 27, entonces para el 2033 tendrá que postular hombre”.

Finalmente, el secretario general de Gobierno subrayó que las observaciones del veto se limitan exclusivamente a este punto y no afectan el resto del decreto aprobado por el Congreso.

“En el propio documento se establece de manera categórica, para que no exista ningún tipo de confusión, que quedan intocados los demás contenidos del decreto que se había enviado originalmente para su promulgación y publicación”, concluyó.