Fernanda Durán
El Poder Ejecutivo de San Luis Potosí designó a Francisco Ramos Silva como su representante en el nuevo órgano de administración del Poder Judicial, pese a que el ex juez federal fue destituido por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por hostigamiento sexual y por prácticas administrativas irregulares. La sanción, emitida en 2016, fue confirmada en 2018 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que la dejó firme e inapelable.
De acuerdo con información publicada en su momento por medios nacionales como El Financiero y PROCESO, el CJF encontró a Ramos Silva responsable de conductas de hostigamiento sexual en agravio de una trabajadora del Poder Judicial de la Federación, además de haber otorgado un nombramiento a una persona que no asistía regularmente a su centro laboral.
Previo a su destitución, Ramos Silva se desempeñó como juez de distrito en distintas sedes: estuvo en el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México (2007-2010), en el Juzgado Quinto de Distrito (2010-2013), en el Juzgado Segundo de Distrito en San Luis Potosí (2013-2016), encargado de tramitar y resolver procesos penales y civiles federales, así como juicios de amparo.
Posteriormente, fue adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, en Toluca, donde se documentaron las conductas que derivaron en su destitución: hostigamiento sexual a una trabajadora y otorgamiento irregular de un nombramiento a una persona que no asistía de manera regular a laborar.
Tras su salida del Poder Judicial de la Federación, reapareció en el servicio público estatal. Según su declaración patrimonial 2022 presentada ante la Contraloría General del Estado, desde septiembre de ese año ocupó el cargo de director de área en la Dirección de Investigación Administrativa y Evolución Patrimonial, adscrita a la propia Contraloría.
De acuerdo con el registro nacional de profesionistas, Ramos Silva es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (título obtenido en 1988, cédula profesional 1287949) y cuenta con una maestría en Derecho Penal por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal (título expedido en 2011, cédula profesional 72839531).
La designación de Ramos Silva como representante del Ejecutivo en el órgano de administración judicial lo coloca en un espacio de alta relevancia institucional, encargado de la gestión interna y el control administrativo del Poder Judicial del Estado, en un contexto donde su trayectoria reciente y la sanción que lo inhabilitó del Poder Judicial federal han quedado nuevamente bajo la mirada pública.
