Desiree Madrid
El Gobierno de San Luis Potosí prepara un ajuste en su estrategia de seguridad pública para este año, centrado en el aumento del número de evaluaciones de control y confianza aplicadas a las corporaciones policiales.
Se busca ampliar estas pruebas como parte de una política orientada a reforzar los mecanismos de supervisión interna de los cuerpos de seguridad estatales y municipales. En paralelo, el Gobierno del Estado realiza gestiones ante instancias federales para incrementar en 2026 los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
La intención es contar con un mayor respaldo presupuestal que permita sostener el incremento de evaluaciones y otras acciones relacionadas con la seguridad pública, aunque aún no se han detallado los montos específicos que se esperan obtener.
El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, informó que una de las metas planteadas es llegar a aproximadamente 2 mil evaluaciones de control y confianza durante 2026. Esta cifra implicaría un aumento respecto a ejercicios anteriores y se plantea en medio de un entorno donde distintos municipios han enfrentado retos para acreditar sus cuerpos policiales.
Los procesos de evaluación y supervisión que se prevén no son ajenos a la realidad de la seguridad en la entidad. Durante 2025, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) recibió 184 quejas contra corporaciones de seguridad, de las cuales más de 80 se dirigieron a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, representando más del 40 por ciento del total, muchas relacionadas con presuntos abusos policiales y detenciones arbitrarias, tanto a nivel estatal como municipal.
Además de estas quejas, diversas revisiones operativas han detectado irregularidades entre elementos municipales. Por ejemplo, en Matehuala, al menos 15 policías arrojaron resultados fuera de norma en inspecciones que incluyeron exámenes toxicológicos y de polígrafo, con seis positivos a sustancias ilícitas o controladas.
Casos anteriores también muestran desafíos en el cumplimiento de evaluaciones: en junio de 2025, alrededor del 50 por ciento de los policías municipales de Villa de Reyes no aprobaron el examen toxicológico aplicado por autoridades estatales, lo que llevó a reacciones administrativas y destacó la necesidad de un mayor seguimiento en capacitación y control de confianza de las fuerzas locales.
De manera complementaria, el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP) tiene previsto establecer mesas de trabajo con los 59 municipios de la entidad. Estos encuentros buscarán definir convenios de colaboración que permitan aplicar las evaluaciones a nivel municipal y coordinar el uso de los recursos federales que se asignen el próximo año.
Aunque el incremento en el número de evaluaciones se presenta como una herramienta para fortalecer la profesionalización de los cuerpos de seguridad, su impacto dependerá de la forma en que se implementen, del acompañamiento a los municipios y de la atención a las problemáticas detectadas en procesos previos, tanto en resultados como en seguimiento a quejas y casos de irregularidades.
