Fernanda Durán
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) atraviesa una situación financiera crítica ante el incumplimiento del Gobierno del Estado en la entrega de recursos federales y estatales que, de acuerdo con el rector Alejandro Zermeño Guerra, podría derivar en una imposibilidad para pagar sueldos, prestaciones y aportaciones al fondo de pensiones antes de que finalice 2025. El monto total de lo no entregado por la administración estatal en lo que va de 2025 asciende a 183 millones 291 mil 772 pesos.
Durante la más reciente sesión del Consejo Directivo Universitario, Zermeño informó que la deuda estatal con la institución en lo que va de 2025 asciende a más de 170 millones de pesos y que, si se consideran también los adeudos acumulados en años anteriores, la cifra supera los 600 millones de pesos.
En lo que respecta a 2025 el adeudo comprende:
- 173 millones 151 mil 772 del convenio de subsidio ordinario Federación–Estado.
- 10 millones de pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).
- 140 mil pesos del Fondo F247 para el desarrollo profesional docente.
En la reunión también estuvieron presentes Gerardo de Jesús Rivera Müller, secretario general del Sindicato Administrativo, y Martha Lucía López Almaguer, secretaria general del Sindicato del Personal Académico, a quienes el rector agradeció su asistencia.
Explicó que fueron convocados con el propósito de que toda la comunidad universitaria estuviera debidamente informada sobre la situación financiera para evitar que la información se tergiverse ante lo que ha circulado recientemente en medios de comunicación.
Zermeño explicó que la Federación ha cumplido cabalmente con el envío de recursos, pero el problema radica en la intermediación del Gobierno del Estado, que no transfiere el dinero a la Universidad en tiempo y forma.
Por ejemplo, detalló que el Fondo F247 para el desarrollo profesional docente, por un monto cercano a los 140 mil pesos, lleva más de cinco meses retenido en la administración estatal, a pesar de que su entrega tenía como fecha límite el 28 de agosto.
Asimismo, denunció que los 10 millones de pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2025, recibidos por el estado desde abril, tampoco han sido entregados a la UASLP.
Dado que estos recursos requieren licitaciones federales para su ejercicio, advirtió que el retraso compromete su uso y podrían tener que devolverse a la Federación si no se ejercen a tiempo, lo cual calificó como un “crimen”, pero que en caso de qué esto suceda, intentarían enviarlo a las pensiones para que no se pierda el recurso, aunque el resto de gastos seguiría con deficiencias.
“Si nos los dan el 28 de diciembre, no tenemos tiempo para usarlos, y se tendrían que regresar. No lo podemos guardar para el 1 de enero”, alertó el rector. “Lo cual es un crimen, sinceramente. Igual lo que pasaría si es en salud o es en seguridad. Yo creo que los tres ejes fundamentales del desarrollo de una comunidad es salud, educación y seguridad. Y si no se utilizan los recursos que para ellos se otorgan, pues habrá quien tenga que dar cuenta de ello”.
El rector recordó que desde 2016 existe un convenio para que las entidades federativas aporten una cantidad equivalente a la que entrega la Federación a las universidades públicas estatales.
Sin embargo, en San Luis Potosí, el Gobierno del Estado sólo tiene firmado el compromiso de aportar el 15.9 por ciento del total, y en realidad entrega únicamente el 9 por ciento, con lo que genera un déficit estructural que este año ya asciende a los 173 millones de pesos.
“Si la Federación manda 100 pesos, el Estado debería poner otros 100. Y está firmando 15.9, pero solo está entregando 9. Por eso la Auditoría Superior de la Federación es quien nos fiscaliza: son recursos federales”, explicó Zermeño.
Riesgo de impago a fin de año
La consecuencia inmediata, según advirtió el rector, es que la Universidad podría no tener recursos suficientes para pagar sueldos ni aguinaldos en diciembre, además de verse impedida para cumplir con su aportación al fondo de pensiones del personal jubilado.
“Esto va a generar una inestabilidad en la Universidad… el trabajador puede decir: ‘¿cómo sigo trabajando si no me pagan?’ Y eso generará una inestabilidad en el Estado”.
Frente a esta situación, aseguró que ya se han emprendido gestiones tanto con la Secretaría de Gobernación como con la Secretaría de Educación Pública, y que incluso se ha alertado a la Cámara de Diputados federal sobre la falta de supervisión en el ejercicio de los recursos que autorizan para educación.
Zermeño subrayó que no se trata de una problemática aislada, pues hay al menos 14 universidades públicas en circunstancias similares, y que en lo que va del año 2025 los gobiernos estatales adeudan 909 millones de pesos a 18 universidades del país.
También desmintió versiones que acusan a la Universidad de otorgar pensiones excesivas o realizar gastos innecesarios; esto debido a que las pensiones no son decididas por la rectoría ni por el Consejo Directivo, sino por una comisión facultada que aplica criterios normativos conforme al promedio salarial de los últimos cinco años laborales y en coordinación con el ISSSTE.
Subrayó que ninguna pensión aprobada en su gestión ha superado el tope establecido por el presidente de la Junta de Gobierno, límite que fue fijado desde la administración anterior.
Además, sostuvo que todos los pagos complementarios que realiza la universidad están plenamente justificados y auditados por la Auditoría Superior de la Federación, no existiendo margen para su uso discrecional.
“Lo que se ha dicho en algunos medios sobre pensiones altísimas no es cierto y lo quiero aclarar con toda puntualidad”, sostuvo.
Ante el cuestionamiento de los consejeros de cómo puede colaborar la comunidad universitaria para presionar al gobierno, Zermeño pidió evitar bloqueos o protestas, al considerar que no generan cambios.
“No creo que tomar las calles o lastimar a la población sea la solución. Para resolver esto se necesita una cosa que se llama voluntad. Y esa no se otorga con manifestaciones”, dijo.
Entre las acciones para amortiguar el impacto financiero, el rector propuso fusionar campus y carreras para reducir costos administrativos y aprovechar mejor los recursos. Puso como ejemplo la facultad en Ciudad Valles, que concentra múltiples carreras bajo una sola dirección administrativa, modelo que podría replicarse en otras regiones.
Zermeño también defendió la transparencia del manejo de los recursos propios de la Universidad como cuotas, ingresos por cafeterías y tiendas universitarias.
Reiteró que la fiscalización corresponde a la Contraloría Interna y a la Auditoría Superior de la Federación, no al Gobierno del Estado, que no aporta recursos directos a este rubro.
“El Estado no nos ha dado un centavo de eso. Por eso, si escuchan que no nos dejamos fiscalizar por el Estado, es que no tienen derecho a hacerlo”.
