Estela Ambriz Delgado
El Grupo Universitario del Agua (GUA) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) realizó este lunes una presentación de los avances de la Agenda Hídrica 2025, en la que se destacó la urgencia de una coordinación real entre sectores y decisiones con resultados tangibles para la población que sufre el desabasto de agua potable.
En el evento se hizo mención de la urgencia de traducir el conocimiento científico en políticas públicas efectivas, dado que en los hechos la presión sobre los acuíferos se ha incrementado de manera significativa, mientras que la infraestructura hídrica no ha evolucionado al mismo ritmo.
La coordinadora del GUA, la doctora Alma Gabriela Palestino Escobedo, comentó que en el mediano plazo la UASLP tiene el compromiso contribuir directamente en el diseño de políticas públicas y fortalecer la articulación institucional; y a largo plazo, impulsar un modelo hídrico sostenible y resiliente para el estado.
El investigador del área de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ingeniería, doctor Antonio Cardona Benavides, expuso que el agua subterránea, que es la principal fuente de abastecimiento urbano, agrícola e industrial, presenta variaciones importantes en su calidad.
Si bien existe agua de buena calidad en ciertas zonas, su disponibilidad es limitada, pues en diversos pozos se han detectado concentraciones elevadas de flúor, arsénico y, en algunos casos, uranio, elementos asociados a formaciones volcánicas.
Además, advirtió que la sobreexplotación puede modificar gradientes de presión y favorecer la movilización de contaminantes. También se identificó evidencia de contaminación antropogénica, lo que agrava el panorama.
De igual forma, el doctor Fernando Díaz Barriga Martínez recordó que desde hace más de tres décadas se estudian los efectos del arsénico y el flúor en la salud de la población potosina, elementos que afectan cerebro, corazón y riñones, incluso desde la etapa intrauterina, y pueden impactar el desarrollo cognitivo infantil.
Al respecto propuso fortalecer esquemas de potabilización mediante ósmosis inversa y vigilar la calidad del agua comercializada, a fin de garantizar que esté libre de metales y otros contaminantes.
Por su parte, la doctora Paola Elizabeth Díaz Flores, de la Facultad de Ciencias Químicas, presentó resultados de un proyecto enfocado en sistemas de purificación en planteles de educación básica de la zona metropolitana.
El equipo visitó escuelas para analizar la calidad del agua, identificar su origen y evaluar condiciones de almacenamiento. Detectaron que muchas reciben agua de pozos cercanos con las mismas concentraciones reportadas oficialmente; otras dependen de pipas sin conocer su procedencia, por lo que es necesario implementar procesos integrales que incluyan filtración avanzada por membranas.
Desde la perspectiva social y jurídica, la doctora Violeta Mendezcarlo, de la Facultad de Derecho, expuso hallazgos sobre la cultura de consumo y el derecho humano al agua en el que persisten prácticas de riesgo, como beber o cocinar con agua de la llave sin tratamiento, situación asociada a vulnerabilidad socioeconómica. Recalcó que garantizar el derecho al agua no se limita al suministro, sino a asegurar calidad y saneamiento.
La doctora María Catalina Alfaro de la Torre destacó el trabajo colaborativo con comunidades periurbanas y rurales, como El Jícaro y Escalerillas, donde habitantes expresaron su preocupación por la falta de acceso pese a ubicarse en zonas de recarga.
A su vez, el doctor Cristóbal Aldama Aguilera abordó problemáticas de abastecimiento y saneamiento en el poniente de la ciudad, al señalar desarticulación institucional y vacíos normativos en descargas y tratamiento.
Para concluir, la doctora Sonia Torres Rivera presentó un estudio geológico en la colonia El Saucito, donde se advirtió inestabilidad del suelo asociada a obras recientes y a la alteración del equilibrio natural del terreno.
