Estela Ambriz Delgado
Habitantes de Wadley, en el municipio de Catorce, solicitan a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que no se otorguen nuevas concesiones en el acuífero Vanegas-Catorce, ya que esto se traduciría en daños irreversibles a la vida en el Altiplano Potosino, además de que revisen e investiguen los pozos existentes, para sancionar la explotación ilegal.
En relación al anuncio del representante estatal de Conagua, Darío Fernando González Castillo, sobre facilitar la regularización de concesiones de agua para uso domestico, agrícola, pecuario y acuicultura, con el decreto de facilidades administrativas y la invitación que hizo al Altiplano, los pobladores manifestaron su preocupación al respecto, por lo que piden a la dependencia que no otorgue más, dado el estado del acuífero.
A través de Defensa Wadley, exponen que el acuífero Vanegas-Catorce, con clave 2401, cubre una superficie de 4 mil 381.7 kilómetros cuadrados, que limita al noreste con El Peñuelo-San José del Palmar, en el estado de Nuevo León, al este con el acuífero Cedral-Matehuala, al sureste con el Matehuala-Huizache, al sur con el de Villa de Arista, al oeste con el de Santo Domingo, y al noroeste con El Salvador, en el estado de Zacatecas.
Explican que en la actualidad este sistema subterráneo, que alimenta tanto a las comunidades humanas como a la biodiversidad del entorno, enfrenta una crisis hídrica, debido a que se encuentra oficialmente sobreexplotado, con un déficit de 7.9 millones de metros cúbicos anuales, que cada día aumenta.
Con esa cantidad, indican que se podría abastecer durante un año completo a cerca de 145 mil personas, es decir, a una ciudad entera del tamaño de Matehuala o a diez veces la población actual del municipio de Catorce.
También señalan que, de acuerdo con estimaciones locales, el riego de apenas 160 hectáreas de tomate demanda más de 4 millones de metros cúbicos de agua al año. A lo que también se suman granjas avícolas y porcinas de gran escala, cuya operación requiere volúmenes aún mayores y genera desechos orgánicos que contaminan el suelo y los mantos freáticos.
“Este crecimiento ha sido facilitado por un marco regulatorio laxo y por la ineficiencia en la vigilancia ambiental, lo que ha permitido la proliferación de pozos ilegales y la extracción sin control del recurso hídrico”.
De igual forma, Defensa Wadley puntualiza que conforme se profundizan los pozos para compensar la escasez de agua, el sistema entra en un proceso de inversión hidráulica consistente en que el agua de las capas profundas —más antigua y con altas concentraciones de sales y metales— sube hacia la superficie, lo que genera un deterioro progresivo en la calidad del recurso.
En este sentido, indican que, según diversos teóricos del tema, el resultado de esas prácticas es un círculo vicioso en el que cada metro más de perforación ofrece agua más salada, más costosa de extraer y, en muchos casos, potencialmente peligrosa para la salud por su contenido de arsénico, fluoruro y otros minerales pesados por lo que el agua no podrá beberse más.
Por ello, cuestionan el reciente decreto de facilidades administrativas emitido por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pues hay muchos puntos a considerar relevantes para el acuífero Vanegas-Catorce y es deber del Estado Mexicano velar por las generaciones presentes y futuras para que dispongan de agua suficiente y salubre, así como priorizar la actuación para anticipar problemas ambientales a través de principios precautorios, en lugar de intentar resolverlos después de que ocurran.
En este sentido Defensa Wadley subraya que el decreto establece que las facilidades serán para los títulos de concesión y asignación, que ya deben contar con un asiento registral o un antecedente en el Registro Público de Derechos de Agua; no se puede transmitir el dominio del predio, de la asignación, o de la concesión; y se deberán presentar los volúmenes extraídos de agua durante los últimos dos años.
Concluyen que una agroindustria del tamaño actual en el Altiplano Potosino ya no es sostenible, por lo que piden a las autoridades que se detenga la perforación de nuevos pozos, que actualmente se hace con total impunidad.
Piden a la Conagua que se tenga en cuenta el derecho humano al agua establecido en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de México, y se cumpla con la obligación del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar esa garantía, y no se den nuevos permisos en el acuífero Vanegas-Catorce.
Además de que solicitan que se revisen e investiguen detalladamente las concesiones y pozos ya existentes, y se apliquen sanciones por extracción ilegal, y que se respete este sitio que forma parte de la Ruta Wixárika por los Sitios Sagrados a Wirikuta, declarada Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
