María Ruiz
La colectiva ILE informó que durante el último año ha dado seguimiento puntual a las dos iniciativas que presentó ante el Congreso del Estado en noviembre de 2024, mismas que buscan fortalecer el marco legal en torno a la interrupción legal del embarazo y garantizar el respeto pleno a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes en San Luis Potosí.
En ese sentido, a unas semanas de cumplirse un año sin que hubiera aparentes avances en la dictaminación de ambas propuestas, el pasado 8 de octubre solicitaron a la Unidad de Transparencia del Congreso del Estado información relacionada con las iniciativas signadas con los números de Turno 443 y 495; la primera turnada a la Comisión Primera de Justicia, y la segunda, a las Comisiones Primera de Justicia, Salud y Asistencia Social, y Derechos Humanos.
La respuesta de las tres comisiones fue que habrían solicitado la opinión de las siguientes instancias: la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado.
De los entes consultados, solo dos respondieron: la FGE y los Servicios de Salud del Estado, quienes emitieron la opinión solicitada desde el pasado 21 y 29 de abril del año en curso, respectivamente. Solo la respuesta de la Fiscalía fue más amplia y analítica respecto a las iniciativas, mientras que la de los Servicios de Salud fue más escueta y con carencia de argumentación en general.
Señalaron que ambas iniciativas ya cuentan con su respectivo proyecto de dictamen, y que habrían llevado a cabo el estudio y análisis de las iniciativas en Reunión Ordinaria de fecha 27 de marzo del año en curso.
Finalmente, y debido a que fue una petición puntual por parte de las promoventes —debido a la experiencia que vivieron el año pasado, cuando no fueron invitadas o notificadas en tiempo y forma por parte del Congreso del Estado a la mayoría de los espacios de diálogo y/o participación en la mejora de propuestas que ellas mismas habían promovido—, la Comisión Primera de Justicia respondió que, como medida para garantizar la participación real de las mujeres en el quehacer legislativo, prevé llamar a las personas proponentes de las iniciativas para que participen en la reunión en la que se discutirán los respectivos proyectos de dictamen, por lo que esperan una pronta notificación para participar del proceso.
La primera de las iniciativas propone una modificación al artículo 150 del Código Penal del Estado, el cual ya había sido reformado en el proceso de despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación. Sin embargo, las integrantes de la colectiva señalaron que persisten vacíos legales sobre las excluyentes de responsabilidad penal después de ese periodo.
“Queremos ampliar las causas en las que no se penalice el aborto después de las 12 semanas”, explicó Nuria Serrano, una de las voceras de ILE. “Hay situaciones muy específicas —como la condición económica de la mujer o persona gestante, un retraso burocrático o institucional, o la falta de acceso a un servicio médico en su municipio— que deben ser consideradas para que no haya criminalización”.
Las activistas señalaron que estas modificaciones permitirán que no se castigue a quienes, por causas ajenas a su voluntad, interrumpan su embarazo fuera del plazo legal.
“Lo que buscamos es que ninguna mujer o persona gestante sea criminalizada por circunstancias que están fuera de su control”, agregaron.
La segunda iniciativa contempla una reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el propósito de incorporar el tema de la violencia obstétrica y reproductiva relacionada con la interrupción del embarazo, un aspecto que actualmente no está contemplado en dicha legislación.
“Antes no se reconocía la violencia que muchas mujeres viven cuando buscan interrumpir un embarazo y enfrentan malos tratos, negación del servicio o estigmatización dentro de los hospitales”, explicó otra integrante de la colectiva. “Ahora que ya se modificaron el Código Penal y la Constitución, es necesario armonizar las leyes secundarias para garantizar un acceso digno y sin violencia a este derecho”.
La colectiva subrayó que ambas iniciativas buscan cerrar brechas legales y consolidar un marco normativo que respalde de forma integral los derechos sexuales y reproductivos en el estado.
