Desiree Madrid
La fiscal general del estado de San Luis Potosí, María Manuela García Cázares, informó que actualmente se investiga un fraude inmobiliario del que se han presentado alrededor de 20 querellas, y reveló que por dicho caso ya hay dos personas detenidas y una más se encuentra bajo resguardo domiciliario.
García Cázares detalló que el caso involucra operaciones fraudulentas para despojar a víctimas de propiedades mediante engaños, amenazas e incluso el uso del sistema judicial, tal como lo denunciaron afectados en días pasados. El caso, conocido públicamente por algunas de las víctimas como parte de un “cártel inmobiliario”.
Según la fiscal, las detenciones de los presuntos implicados en este caso de fraude se consumaron desde hace cuatro meses.
De acuerdo con las denuncias, el grupo presuntamente encabezado por Daniel N. operaba con inventar deudas inexistentes a nombre de las víctimas, para después proceder a embargos y desalojos a través de procesos judiciales cuestionados. En algunos casos, los afectados señalaron que fueron obligados a entregar casas, vehículos y negocios bajo presión.
La fiscal aclaró que, por tratarse de delitos de querella, la participación de las víctimas en el proceso es indispensable para que la Fiscalía pueda actuar.
“Si la gente que haya sido objeto de fraude no se presenta a formular su querella, nosotros no podemos hacer nada”, enfatizó.
En lo que respecta a un edificio que forma parte de las operaciones investigadas, García Cázares indicó que solo existe una denuncia que ya fue judicializada.
La Fiscalía no precisó el monto total de los fraudes ni los bienes involucrados, pero las investigaciones siguen abiertas para identificar a todos los responsables y determinar el alcance del daño patrimonial causado.
Mientras tanto, víctimas de este esquema han exigido que el caso no quede impune y que se castigue a los responsables, pues el impacto no solo fue económico, sino también psicológico debido a la presión y hostigamiento que sufrieron durante los despojos.
También fue cuestionada sobre lo que algunos medios denominaron “el fraude del siglo”, caso relacionado con el supuesto desvío de recursos al interior de la Dirección General de Pensiones, sobre el cual se limitó a comentar que uno de los implicados permanece bajo resguardo domiciliario mientras continúan las indagatorias.
