Por Victoriano Martínez
La queja presentada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) contra el rector Alejandro Zermeño Guerra por parte del diputado Héctor Serrano Cortés cuenta con todos los elementos legales para ser tramitada por ese organismo, pero no es la única acción que conforme a la Ley debió activarse.
Serrano Cortés, en sus declaraciones de este jueves, exhibió un desplante como defensor de la legalidad, pero le ganó el sesgo partidista al enforcarlo todo sobre su persona y el grupo político al que pertenece, y se olvidó, por ignorancia o porque no le interesa, de la institución gubernamental que representa.
“Yo voy a actuar con legalidad. Si considero que hay elementos para iniciar acciones legales contra alguien, lo voy a hacer, por cierto, así como lo hice con el rector, ya presenté mi queja como lo ofrecí”, expresó.
Desde que anunció que presentaría la queja ante la CEDH, Serrano Cortés pudo haber activado otra acción legal que no sólo tendría carácter de reacción personal, sino institucional, de acuerdo con el artículo 41 de la Constitución Política del Estado, que dice:
“Los Diputados son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de su encargo y jamás podrán ser reconvenidos ni procesados por ellas.
“El presidente del Congreso o de la Diputación Permanente, en su caso, velará por el respeto a la inmunidad de los Diputados y por la inviolabilidad del recinto legislativo”.
Si tan implacable con la legalidad se proclama, ¿por qué no exigió a la diputada Sara Rocha Medina, presidenta de la Directiva, que emitiera un pronunciamiento institucional en defensa de la inmunidad de un diputado? Habría sido una forma de exigir respeto a la autonomía del Poder Legislativo. ¿Acaso no le interesa la integridad del Congreso del Estado?
Se trata de una omisión en la que Serrano Cortés queda entre la defensa legítima contra el agravio por discriminación que puede tener base en el artículo 1º de la Constitución federal y otras leyes, y la motivación política de su acción al centrarse en su interés personal y ahora advertir acciones legales por señalamientos contra su partido y el movimiento al que pertenece.
Un sesgo que, involuntario o no, genera suspicacia sobre que su acción ante la CEDH, con todo y la legitimidad que puede tener y que no deja de ser válida, la pudo activar una motivación política ante la que el organismo garante de los derechos humanos tendrá que ser muy cuidadoso para evitar ser instrumento de rencillas políticas, por muy legítima que sea la queja.
Un cuidado por parte de la CEDH que tendrá que ser extremo por los antecedentes que tiene como organismo al que colectivos de víctimas y víctimas en lo individual señalan por fallas en sus procedimientos y hasta de darles la espalda.
Al vincular la queja ante la CEDH con una serie de acciones dirigidas contra figuras de su partido, Serrano Cortés confirma el sesgo partidista de su postura que ya tuvo una primera manifestación con su queja a título personal que hace a un lado la reacción institucional que debió darse por parte del Poder Legislativo.
“No son con el afán de lastimar a Héctor Serrano”, aseguró al comentar campañas en su contra él, otros actores políticos del PVEM y el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, “es de golpear a un proyecto que se ha consolidado como una fuerza real en San Luis Potosí”.
Un sesgo de facción que no sólo deja fuera la posibilidad de cuidar la institucionalidad del Congreso del Estado sino ante el que desaparece el motivo original de la controversia. ¿Cuántas personas podrán describir con certeza el tema que inició la confrontación ante la larga cadena de desencuentros entre el Congreso del Estado y la UASLP?
