Fernanda Durán
El Congreso del Estado de San Luis Potosí recibió este martes la iniciativa del coordinador parlamentario del Partido Verde, Héctor Serrano Cortés, que busca tipificar como delito el uso doloso de inteligencia artificial (IA) para manipular imágenes, audios, videos o documentos con el fin de alterar la realidad, provocar alarma social o afectar la confianza institucional.
La propuesta fue incorporada de último momento en el orden del día de la sesión ordinaria.
Previo a su presentación, Serrano explicó que la intención es sancionar “a cualquiera que utilice la inteligencia artificial falsificando documentos, trastocando la realidad y creando realidades virtuales que en muchos de los casos pueden generar crisis social, pueden generar terror en la población”.
Declaró que su iniciativa no busca regular las plataformas digitales, sino castigar conductas dolosas individuales: “Es a quien falsifique documentos a través de la inteligencia artificial y crea una realidad inexistente para denostar, para generar terror y demás”.
El diputado subrayó que la propuesta “no atenta contra la libertad de expresión”, y que algunas críticas surgidas en redes o medios “parten de un malentendido”.
“Somos muy respetuosos de la libertad de expresión, creemos en la libertad de expresión”, afirmó, aunque no dio detalles sobre el tipo de materiales o publicaciones que podrían considerarse delitos bajo el nuevo marco.
Durante su exposición en tribuna, Serrano insistió en que la iniciativa “busca sancionar cuando se utilizan algunos recursos o medios digitales o la propia tecnología a través de la inteligencia artificial para modificar, para trastocar la autenticidad de algunos documentos fílmicos”.
Argumentó que la desinformación “puede generar en la población una percepción distinta a la que realmente se vive” y que el Congreso tiene “la obligación de frenar el uso de la tecnología para fines que puedan atentar contra las personas, su patrimonio o su buena fama”.
El documento entregado al Pleno —de 23 páginas— propone adicionar al Código Penal del Estado tres nuevos artículos: el 187 Ter, que sanciona el “uso no autorizado de imagen o voz generada mediante inteligencia artificial”, y los 272 Bis y 272 Ter, bajo el nuevo capítulo denominado “Uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social”.
De aprobarse, las penas irían de uno a tres años de prisión y multas de hasta 300 Unidades de Medida y Actualización (UMAs) para quienes manipulen o difundan la imagen o voz de otra persona sin consentimiento; de tres a seis años para quienes generen o propaguen desinformación con IA “con el propósito de provocar alarma, temor, confusión o inestabilidad social”; y de cuatro a ocho años para quienes simulen declaraciones o actos de autoridades públicas “con el propósito de afectar la seguridad o la confianza institucional”.
El texto establece además agravantes cuando las conductas se cometan en procesos electorales o mediante plataformas digitales y cuentas automatizadas.
Aunque incluye cláusulas de exclusión para contenidos “periodísticos, académicos, artísticos, de parodia o crítica política”, estas solo aplicarán “si se indica expresamente ese carácter y no existe dolo de causar alarma o desinformación social”.
La iniciativa será turnada a la Comisión Primera de Justicia para su análisis.
