Fernanda Durán
María del Rocío Carreras López, hermana del exgobernador de San Luis Potosí Juan Manuel Carreras López, reactivó en 2026 una petición que había presentado desde 2021 ante el Congreso del Estado para cuestionar la legalidad y el sentido de la Ley del Mezcal para el Estado de San Luis Potosí, promulgada durante la administración de su hermano.
Casi cinco años después de aquella primera solicitud, aseguró seguir sin obtener respuesta, por lo que insistió ante el Poder Legislativo y posteriormente acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
El expediente integrado por la CEDH documenta que Carreras López compareció el 3 de julio de 2026 ante la Dirección de Canalización, Gestión y Quejas para ratificar una petición presentada por escrito y señalar la falta de respuesta de diversas autoridades, entre ellas el Congreso del Estado.
En su comparecencia, explicó que el 12 de junio había presentado escritos ante la Dirección de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado, los Servicios de Salud y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), además de acudir al Congreso el 18 de junio para insistir en la atención de un planteamiento previo.
El origen de esa petición data del 29 de junio de 2021. En aquel escrito, dirigido al Congreso del Estado, Carreras López abordó la legislación sobre bebidas alcohólicas y cuestionó expresamente la Ley del Mezcal, al considerar que su finalidad de impulsar y promover ese producto resultaba contradictoria con la regulación y prevención del consumo de alcohol.
En el documento también hizo referencia directa a su vínculo familiar con quien entonces encabezaba el Poder Ejecutivo estatal: “Hace poco tiempo, me enteré que en el estado, fue aprobada y publicada, LA LEY DEL MEZCAL. Ello me llenó de asombro, porque la misma está firmada por mi propio hermano, Dr. en Derecho, Juan Manuel Carreras López”, expuso.
Carreras sostuvo además que, desde su perspectiva, la legislación resultaba contraria a otras disposiciones en materia de bebidas alcohólicas.
“Honestamente, creo que deben reparar el daño causado con dicha ley a la población en general. No es legal lo que se hizo, aunque esté aprobada por el congreso. Es mi opinión. Pero espero saber la de ustedes”, señaló en la petición de 2021.
Entre sus solicitudes al Congreso pidió revisar la Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado, las etiquetas de bebidas alcohólicas, la Ley del Mezcal y sus publicaciones sobre el tema, además de que se le informara el resultado de ese análisis.
La Ley del Mezcal fue aprobada por el Congreso del Estado el 7 de septiembre de 2018, promulgada el 13 de septiembre y publicada el 18 de septiembre del mismo año. El decreto fue expedido durante el gobierno de Juan Manuel Carreras López responsable de su promulgación.
La norma establece, como parte de sus objetivos, proteger la cadena productiva del mezcal, impulsar su producción y comercialización, identificar zonas productoras, coordinar apoyos institucionales y promover el producto a nivel estatal y nacional.
Asimismo, dispone que los productores deben ser considerados sujetos de fomento y promoción por parte del Gobierno del Estado y que las autoridades deberán diseñar y operar programas relacionados con la cadena productiva del mezcal.
La exposición de motivos de la propia ley justifica ese impulso desde una perspectiva económica, cultural y turística. El ordenamiento describe al mezcal como un referente de desarrollo para San Luis Potosí y plantea que su regulación busca fortalecer la actividad productiva, generar empleos, proteger a quienes dependen de ella y posicionarla como elemento cultural y turístico del estado.
Cinco años después de la petición inicial, Carreras López volvió al Congreso. En el escrito presentado el 18 de junio de 2026 y dirigido a la diputada priista Frinné Azuara Yarzábal, presidenta de la comisión de salud, indicó que había recuperado una copia del planteamiento entregado anteriormente y pidió nuevamente que fuera atendido.
“Le proporciono copia de la petición que entregué aquí en este H. Congreso del Estado de San Luis Potosí. Espero y solicito a usted lea bien mi petición, porque creo no la han leído y estoy para servirle por cualquier duda al respecto”, escribió.
La documentación contiene sello de recibido del Congreso del Estado del 18 de junio de 2026 y está dirigida expresamente a Azuara Yarzábal.
Tras esa nueva gestión, Carreras López acudió a la CEDH y señaló que no había recibido respuesta a sus peticiones. El organismo inició el expediente DQOQ-0006/2026 y requirió información al Poder Legislativo sobre los hechos denunciados.
Sin embargo, la respuesta emitida desde la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, presidida por el diputado Marco Gama Basarte, sostuvo que el asunto no se encontraba en sus archivos y que el contenido del escrito dirigido a Frinné Azuara no correspondía a los temas que se tramitan dentro de esa comisión legislativa.
En el oficio remitido a la CEDH, la comisión señaló que “sobre el tema que se menciona no se encuentra en nuestros archivos de esta comisión legislativa” y añadió que los asuntos contenidos en el documento recibido el 18 de junio no corresponden a ninguno de los temas que se ventilan en los turnos y asuntos a tratar en la Comisión de Derechos Humanos.
Por esa razón, informó que no estaba “en posibilidad de emitir la información que se requiere” por parte del organismo autónomo y pidió que se le tuviera por contestando en tiempo y forma el requerimiento.
La respuesta deja sin aclarar, qué trámite recibió originalmente la petición de Carreras López, si fue atendida por alguna otra comisión o área del Congreso o si la diputada Frinné Azuara respondió directamente.
