María Ruiz
Mientras los escaparates se llenan de flores y canciones para celebrar a las madres este 10 de mayo en México, en cientos de hogares lo que pesa es un vacío imposible de llenar, el de una madre asesinada.
Así lo denuncian colectivos como Huérfanos por Feminicidio en México, que insisten en que las cifras oficiales sean actualizadas y, sobre todo, en que las infancias marcadas por esta ausencia no sean borradas del relato nacional. En San Luis Potosí, el dolor también tiene nombres y números, aunque muchas veces no aparezcan en las estadísticas completas.
La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) reconoció en su memorándum CEEAV/UT/63/2024, enviado como respuesta a la solicitud de información 240467324000013, que, desde su creación en julio de 2015 hasta marzo de 2024, ha atendido a 115 niñas, niños y adolescentes que quedaron en situación de orfandad por feminicidio.
Es decir, 115 menores que no sólo perdieron a su madre, sino que arrastran ahora las consecuencias emocionales, económicas y sociales de ese crimen. Cada uno de ellos pasará este Día de las Madres con un duelo que ni el Estado ni la sociedad han sabido aliviar.
Por su parte, el antes Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) ya había intentado en 2019 visibilizar esta herida con su informe sobre el “Informe de registro de niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio u homicidio doloso de sus madres”.
En ese documento, a lo largo de ese año, San Luis Potosí reportó apenas 18 casos: dos niñas, cuatro niños; tres niñas y nueve niños cuya edad no fue definida. Aunque esa cifra parece modesta al compararla con estados como Jalisco, que reportó 132 menores, o Baja California, con 113, esconde un subregistro que deja fuera a decenas de infantes.
Esa sospecha se confirmó en 2021, cuando otro monitoreo del propio INMUJERES, “Análisis de resultados del monitoreo 2021 de identificación de niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio (NNAOF) por parte de las Fiscalías”, reveló que San Luis Potosí no proporcionó información en el segundo, tercer y cuarto trimestre del año de estudio de cifras.
Oficialmente, no hubo registros de menores en orfandad por feminicidio en todo 2021, aunque en el mismo periodo la Fiscalía General del Estado reconoció 24 feminicidios: cinco cometidos con arma de fuego, 10 con arma blanca, ocho con otros objetos y uno sin especificación.
A nivel nacional, la radiografía es aún más cruda. El padrón de 2021, nutrido por los datos parciales de 29 entidades federativas, identificó a 829 menores en condición de orfandad por feminicidio.
Entre ellos, los estados más golpeados fueron Michoacán, con 271 huérfanos, y el Estado de México, con 54. San Luis Potosí quedó en una franja media, con más casos que Tlaxcala (8) o Yucatán (7), pero menos que Ciudad de México (44).
Detrás de cada número hay una realidad que atraviesa a estas infancias. Según el análisis de INMUJERES, la mayoría de estos menores quedan bajo el cuidado de sus abuelos (37.39 por ciento), aunque en un 19.06 por ciento terminan con sus padres, pese a que en algunos casos es también el agresor. Otros son llevados con tíos (13.03 por ciento) o, en menor medida, con hermanos o instituciones públicas como el Sistema DIF.
En 187 casos, las fiscalías ni siquiera registraron quién se hizo responsable de los menores, lo que deja a estos niños y niñas en una invisibilidad que los expone a nuevas vulneraciones.
La edad de estas víctimas indirectas revela otro dato en donde la mayoría tiene entre seis y 12 años, seguido por menores de entre cero y cinco años, es decir, niños y niñas que están en etapas cruciales de desarrollo emocional y físico.
Además, el 46.32 por ciento de las personas que ahora cuidan de ellos también cargan con la responsabilidad de seguir el proceso judicial, lo que complica aún más la posibilidad de que estos menores reciban atención integral.
Mientras tanto, solo Coahuila y Jalisco han desarrollado programas específicos para atender a esta población, que además enfrenta inseguridad económica, afectaciones psicoemocionales y, en algunos casos, discapacidades sensoriales o intelectuales. El resto de los estados como San Luis Potosí carecen de un sistema de registro funcional que permita siquiera dimensionar la magnitud del problema.
Así, este próximo 10 de mayo, mientras muchos abrazan a sus madres, otros 115 menores en San Luis Potosí —y cientos más en todo México— vivirán una jornada marcada por la ausencia. No habrá regalos, solo un vacío que pesa y una deuda que las instituciones aún no han saldado.
