Por Victoriano Martínez
Cuando entre abril y mayo de 2019 los incendios forestales en la Sierra de San Miguelito liberaron 439 mil 800 toneladas de dióxido de carbono (CO2), según un estudio de la UASLP, y las humaredas invadieron la ciudad, a los habitantes de San Luis Potosí les quedó claro el servicio que como pulmón les presta la zona sobre la que entonces inició el proceso para declararla Área Natural Protegida.
Cuando al filo de las tres de la tarde de este martes 5 de enero volvió a aparecer una columna de humo al sur de la ciudad, en plena Sierra, la preocupación por la preservación de esa área ecológica resurge en un entorno en el que el fuego no es la única amenaza para esa superficie.
El 24 de mayo de 2019, a poco de haberse logrado el control de los incendios que consumieron casi 12 mil hectáreas, con la consigna “la Sierra de San Miguelito no se toca”, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo al proceso para declarar a la Sierra como ANP de carácter federal.
Poco les duró al gobernador Juan Manuel Carreras López y al alcalde Xavier Nava Palacios la inercia de acompañar aquel pronunciamiento en la Plaza de los Fundadores con la convicción de proteger la Sierra. Dos que tres acciones que acreditaron un interés inicial, pero una serie de contra-acciones que revelaron sus verdaderos intereses.
Del lado de Carreras López, una secuencia de acciones contradictorias.
Como respuestas a solicitudes de información, se pudo conocer que, como parte de la documentación enviada por la SEGAM a la SEMARNAT para iniciar la declaratoria de ANP, se pidió desde el 13 de mayo de 2019 en alcance al oficio ECO.03.1003/2019 del 10 de mayo de ese mismo año, una veda forestal como consecuencia de los incendios.
“Se informa la gravedad del incendio de los Sierra de San Miguelito, por lo que se le solicita la veda de las 63 mil 783.05 hectáreas del Estudio Técnico de Factibilidad, con la finalidad de garantizar la conservación, diseminación, repoblación y redistribución de la flora y fauna”, se pidió a la SEMARNAT con fundamento en el artículo 97 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
“No se podrá otorgar autorización de cambio de uso de suelo en terreno incendiado sin que haya pasado 20 año y que se acredite a la Secretaría que la vegetación forestal se ha regenerado, mediante los mecanismos que, para tal efecto, se establecen en el Reglamento de esta Ley”, dice el artículo aludido.
Ni Carreras López ni la SEGAM informaron si se declaró o no la veda, aunque pronto mostraron que no era algo que realmente les interesara, porque antes de un mes del pronunciamiento presidencial, el gobernador presentó una solicitud de autorización para la Manifestación de Impacto Ambiental para construir la vía alterna a la Zona Industrial que afectaría casi 500 hectáreas de la Sierra.
No había pasado un mes de que se había pronunciado por la protección de la Sierra, Carreras López ya solicitaba que se le mutilara una parte y algo más: no había solicitado formalmente la protección de la Sierra que hizo públicamente en su discurso en la Plaza de los Fundadores el 24 de mayo de 2019. El oficio formal lo presentó hasta el 12 de julio.
Del lado de Nava Palacios, compromisos seguramente por inercia porque ya han quedado olvidados aunque no se puedan borrar del Periódico Oficial del Estado el 23 de diciembre de 2019 (página 24) que publicó la convocatoria para los programas municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDU) y de Desarrollo Urbano del Centro de Población (PMDUCP).
El punto V.3 Zona sujeta al decreto del ANP Sierra de San Miguelito de la convocatoria atendía claramente la consigna presidencial del 24 de mayo y dejaba cualquier determinación sobre esa zona “a la espera de que se defina la poligonal del ANP y su respectiva área de amortiguamiento”.
En los proyectos de los programas el IMPLAN nomás tocó 5 mil 700 hectáreas de las que estaban “a la espera” y las pasó de no urbanizables a urbanizables con distintas categorías.
En menos de un año, no sólo se ignoró la condicionante incluida formalmente en la convocatoria a la consulta, sino que también se olvidaron del precedente marcado por los incendios y la veda que por ley debió imponerse.
Por sus actos, tanto Carreras López como Nava Palacios –hoy con Alfredo Lujambio Cataño al frente como interino– dejan ver que su interés por la protección de la Sierra de San Miguelito fue sólo simulación, y privilegian otros intereses que incluso hoy aprovechan el contexto electoral para presionar para que se incumpla la convocatoria y demostrar que la Sierra sí se toca.
Tal es esa presión empresarial que, después de que la semana pasada le impusieron un calendario para la aprobación de los programas de desarrollo urbano al Cabildo, y el pasado lunes se incumplió la sesión de comisiones para dictaminarlos, de última hora el Ayuntamiento informa que nombró a Verónica Campillo como presidenta de la Comisión de Gobernación.
Luego de tres cuartos del trienio, se percataron de que Verónica Rodríguez al frente de esa comisión no daba los resultados esperados y nombran a Campillo para que cite de manera urgente “para revisar los pendientes y reactivar de manera inmediata los trabajos”.
En redes sociales la humareda aparecida este martes en la Sierra es considerada por la mayoría de quienes la comentan como un incendio provocado por quienes tratan de explotarla. Sea así o no, el hecho es que el fuego podría ser hasta un riesgo menor que el que se cocina en la Unidad Administrativa Municipal y pretende abrir paso a la depredación ecológica irreversible.
Tan ocupadas tiene a las autoridades la depredación inmobiliaria de la Sierra de San Miguelito que no difunden información oportuna sobre el origen y alcance de las humaredas, ni reportan acciones que, con el antecedente de los incendios entre abril y mayo de 2019, ante la más mínima señal de incendio deberían exhibir una amplia capacidad de reacción inmediata. No se ve.
