Fernanda Durán
Aunque el proceso electoral de 2027 iniciará formalmente hasta noviembre, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) aseguró que ya prepara una estrategia para detectar posibles desvíos de recursos públicos hacia campañas y actividades político-electorales.
El auditor superior del estado, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, informó que el organismo trabaja en la planeación de revisiones especiales para identificar irregularidades financieras en entes públicos durante el próximo proceso electoral, incluyendo el uso de programas sociales, personal gubernamental, vehículos oficiales y bienes públicos con fines partidistas.
“Impedir el desvío de recursos públicos hacia las campañas electorales es un tema que implica esfuerzos preventivos para los organismos de fiscalización y nosotros ya tenemos lineamientos de trabajo en ese sentido en la mesa”.
El funcionario sostuvo que la fiscalización requerirá una revisión detallada de operaciones financieras para detectar movimientos irregulares que pudieran tener relación con actividades electorales.
“La revisión con lupa de operaciones financieras y detección simultánea de irregularidades con apariencia de delito en los entes públicos durante los procesos electorales, requiere este trabajo del que nosotros ya tenemos avances ahora”.
Lecourtois López reconoció que la vigilancia no se limitará a los organismos fiscalizadores y que los servidores públicos enfrentarán un mayor escrutinio conforme se acerque la contienda.
“Los funcionarios de todos los niveles ya andan inquietos y deben estar conscientes de que son observados como nunca antes”.
El auditor adelantó además que el IFSE buscaría coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE) para detectar posibles usos indebidos de recursos públicos durante el proceso electoral.
Entre las conductas que podrían derivar en sanciones mencionó el condicionamiento de obras y servicios públicos, la utilización de programas sociales con fines electorales, así como el empleo de vehículos oficiales, oficinas, equipo gubernamental o personal de dependencias para favorecer o perjudicar a candidatos o partidos políticos.
“El destino de fondos, bienes, servicios, programas sociales y personal al servicio de los entes públicos para favorecer o perjudicar a un candidato o partido político, constituye uno o varios delitos”.
Las declaraciones ocurren en un contexto en el que diversos actores políticos han sido señalados públicamente por presuntos actos anticipados de campaña, promoción personalizada y difusión de apoyos sociales con identidad política, conductas que han comenzado a generar denuncias ante las autoridades electorales rumbo a la renovación de la gubernatura en 2027.
