Fernanda Durán
El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) entregó este lunes a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado el Informe General de Fiscalización 2024 y 178 informes individuales, que comprenden la revisión de 112 entes públicos y un universo de 20 mil 499 millones de pesos, del cual se fiscalizó el 89.41 por ciento.
Los resultados incluyen 1 mil 830 millones 422 mil 356.45 pesos observados, 2 mil 743 acciones derivadas de auditoría —169 solicitudes de aclaración, 248 pliegos de observación, 1 mil 387 promociones de responsabilidad administrativa y 810 recomendaciones—, y solo 729 mil 517 pesos resarcidos al día de hoy.
En total se realizaron 137 auditorías financieras y de cumplimiento, dos auditorías de cumplimiento específicas y 39 de desempeño.
Tras la entrega formal, el auditor superior Rodrigo Lecourtois López destacó que los trabajos concluyen “un periodo de auditoría bastante largo”. Ahora, los entes tendrán 60 días para solventar y el IFSE contará con 30 días adicionales para emitir resultados definitivos antes de iniciar procedimientos administrativos ante el Tribunal de Justicia Administrativa.
La Comisión deberá revisar y dictaminar si la fiscalización cumplió la Constitución y la Ley de Fiscalización, y realizar mesas de trabajo entre el 1 de diciembre de 2025 y la segunda semana de febrero de 2026, para someter el dictamen al Pleno a más tardar el 15 de febrero de 2026.
La UASLP domina la discusión
Aunque la entrega de informes era el objetivo central, la sesión quedó marcada por la insistencia de las y los diputados en un solo tema: la negativa de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) a ser auditada. El asunto fue planteado tres veces en distintos momentos, incluso fuera del orden del día.
La primera intervención ocurrió cuando una diputada solicitó conocer el estatus actual. Lecourtois López confirmó que “permaneció la negativa de ser auditados” y tras una reciente resolución judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la UASLP es “un ente público dependiente de Gobierno del Estado”, lo que abre la posibilidad de fiscalizar sus recursos autogenerados.
“Un ente público no autónomo, sino desconcentrado de Gobierno del Estado, dependiente de Gobierno del Estado, y eso nos da muy buenas expectativas porque si lo culminamos, si lo establecemos de manera conjunta con la Ley de Fiscalización del Estado y con la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, eso nos da la pauta para revisar los recursos propios autogenerados por la Universidad, ya que estos recursos son y se consideran, de acuerdo a la resolución de la Corte, públicos”.
Ante la falta de información proporcionada por la institución, el IFSE observó la totalidad del monto reportado en su cuenta pública 2024, que supera los 600 millones de pesos.
“Se niegan a aportarnos información, lo que obliga a observar el total del monto de la cuenta pública”, explicó.
Las preguntas se repitieron:
— ¿El universo observado es entonces superior a los 600 millones?
— ¿La Universidad quedará sin revisión?
— ¿Qué pasará con las cuentas de 2022 y 2023?
— ¿Cómo se procederá ante la negativa?
El auditor respondió que los expedientes ya avanzan en diversas etapas: para 2022 y 2023 se encuentran en sustanciación, mientras que 2024 pasará a investigación y eventualmente al Tribunal de Justicia Administrativa.
“Posteriormente, se turna para determinar una sanción personalizada”.
La diputada Sara Rocha Medina, conectada vía zoom desde su oficina en la sede del PRI, expresó preocupación por el impacto nacional del caso.
Lecourtois coincidió al señalar que no solo los recursos que recibe, sino también los que genera la Universidad, son públicos:
“Es el problema y la discrepancia entre las autoridades universitarias y el Instituto de Fiscalización de no quererse auditar. Es un tema que se va a resolver incluso en tribunales, concretamente el tema de la fiscalización. Ya en cuanto al desdén que se ha realizado por parte de una universidad, siendo pública con los representantes de la ciudadanía, es un tema aparte que también habrá que señalarse y que la ciudadanía está muy atenta”.
Añadió que el cierre del proceso avanzará hacia responsabilidad administrativa “por un tema de opacidad”.
El auditor indicó que los montos observados por la Auditoría Superior de la Federación en varios entes coinciden con los del IFSE, incluido el Ayuntamiento de San Luis Potosí. En el caso de la UASLP, la ASF reportó “poco monto”.
La Comisión agradeció el cumplimiento puntual del IFSE y anunció el inicio inmediato de mesas técnicas para analizar los informes.
Aunque el paquete de auditorías abarca a más de un centenar de entidades, el foco político del día dejó claro que el Congreso pondrá especial atención al caso universitario.
