Fernanda Durán
Durante el ejercicio fiscal 2025, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) impuso multas a 482 funcionarios públicos municipales como resultado de las auditorías practicadas a las cuentas públicas de los 59 ayuntamientos de San Luis Potosí, derivado de faltas como ocultamiento de información, irregularidades en procedimientos de adjudicación y ausencia de documentación comprobatoria.
De acuerdo con el titular del organismo fiscalizador, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, el monto global de las sanciones asciende a 3 millones 322 mil pesos, recursos que serán destinados al fortalecimiento de las actividades de fiscalización y capacitación del propio instituto.
Las sanciones fueron impuestas a servidores públicos directamente responsables del manejo de recursos municipales, entre ellos alcaldes, tesoreros y coordinadores de Desarrollo Social.
El auditor superior precisó que estas multas no se cargan a los ayuntamientos, sino que deben ser cubiertas directamente por los funcionarios sancionados, al tratarse de responsabilidades personales derivadas de incumplimientos administrativos detectados durante los procesos de revisión. Estas sanciones se concretaron tras el desarrollo de un Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE), llevado a cabo en forma de juicio.
“En el IFSE tenemos la obligación de cobrar estas multas convertidas en créditos fiscales que el funcionario público debe pagar de sus propios recursos y en caso de incumplir con el pago, se hacen acreedores a otro tipo de sanciones además de que no podrán participar en próximos procesos electorales o podrían ser inhabilitados para ocupar cargos públicos”, señaló Lecourtois López.
El titular del IFSE explicó que la multa constituye una figura distinta al resarcimiento del daño patrimonial, ya que se trata de una medida de apremio personal para obligar al cumplimiento de requerimientos legales, mientras que el resarcimiento está enfocado en recuperar recursos públicos o corregir irregularidades materiales detectadas en las auditorías.
En ese sentido, indicó que ambas medidas forman parte de los mecanismos de control para sancionar el manejo indebido de recursos públicos, aunque cumplen funciones distintas dentro del proceso de fiscalización.
Finalmente, Lecourtois López sostuvo que en años anteriores existió mayor permisividad frente a estas conductas, lo que favoreció la repetición de irregularidades administrativas. “En el pasado hubo más tolerancia con quienes cometieron irregularidades y por tanto se generaron pocas multas, lo que propició omisiones importantes en la entrega de información y otros procedimientos administrativos relacionados con la comprobación del gasto y procesos de adjudicación, por ejemplo”, concluyó.
Las sanciones impuestas fueron anunciadas este miércoles y corresponden principalmente a ex alcaldes tesoreros y coordinadores de desarrollo social que incurrieron en faltas vinculadas con la comprobación del gasto público, la entrega de información requerida por el órgano fiscalizador y el cumplimiento de los procedimientos administrativos establecidos para el uso de recursos municipales.
