Fernanda Durán
El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) presentó este viernes ante la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado su Informe de Seguimiento de Acciones Derivadas de la Fiscalización, en el que confirmó que actualmente hay cinco denuncias penales que se encuentran en etapa de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Los casos corresponden a distintos municipios, entre ellos San Luis Potosí, Matehuala y Moctezuma, e involucran presuntos desvíos y mal manejo de recursos públicos.
Durante su exposición, el IFSE desglosó avances de los últimos ejercicios de fiscalización:
- 2014: se emitieron 91 resoluciones.
- 2018: se presentaron 31 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) y se remitieron 28 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa (PRAS) al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.
- 2019-2021: los asuntos permanecen en trámite, conforme a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de San Luis Potosí.
- 2022: se dio conclusión a una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria por parte de un órgano interno de control municipal.
- 2023: los órganos de control implementan acciones de seguimiento a cinco recomendaciones, mientras que 28 promociones sancionatorias permanecen en investigación.
El informe también reporta la recuperación de 276 mil 523 pesos, derivados de acciones de fiscalización.
En entrevista posterior, el titular del IFSE, Rodrigo Lecourtois López, precisó que las denuncias penales en trámite no se circunscriben a un solo periodo ni a un solo ayuntamiento.
“Los municipios son diversos, no te voy a decir qué periodo, hay tres de capital, hay de Montezuma, hay de Matehuala”.
Sobre la capital potosina, mencionó que también se revisan temas como el uso de parquímetros, la subarrenda de vehículos oficiales y el resguardo de la llamada “casa de Carranza”.
“Ya hubo por ahí un exhorto público para que no nada más este municipio, sino todos, se abstengan de hacer este tipo de ejercicios si no se trata de un programa generalizado, evidente y justificado, pero sobre todo con evidencia de que se está haciendo para toda la población y no nada más con una sola persona”.
El auditor explicó que también está en curso la denuncia presentada contra el regidor del PRD, Jorge Zavala López; mientras que en el tema de parquímetros, tras una denuncia de Ciudadanos Observando, se designó un equipo de auditores para revisar los ingresos.
“Son muchísimos los tickets de parquímetros que se tienen que analizar, pero sí se está ya revisando, toda vez que hay una disminución evidente entre los ingresos que se recibían hace 10 años… y hoy tenemos una disminución evidente”.
En cuanto a la actual administración municipal, Lecourtois confirmó que existen dos investigaciones especiales en curso, además de la revisión general de la cuenta pública.
“Dos, además de la principal, que es el tema de parquímetros que se presentó y el tema de la denunciante por los temas de aviadores”.
Cuestionado sobre el amparo concedido al exalcalde Xavier Nava, Rodrigo Lecourtois puntualizó que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no revisó de fondo si cometió ilícitos, sino únicamente si el Congreso tenía facultades para sancionarlo con inhabilitación.
El auditor señaló que la gestión de Nava sigue bajo revisión y que aún existe una denuncia penal pendiente.
“La administración de Xavier Nava no ha concluido su proceso de fiscalización en el IFSE, aún hay pendientes, incluso hay una denuncia todavía penal”.
En relación con el ejido Rancho Viejo La Libertad, Lecourtois recordó que existe un acuerdo por el pago de 4 millones de pesos realizado durante la administración de Enrique Galindo Ceballos, pero el IFSE no es la instancia que está obligada a pronunciarse sobre su legalidad.
“El Ayuntamiento que es indivisible, institucional, pagó este dinero. Si fue correcto o no, eso ya está dentro de la cancha del Poder Judicial Federal”, señaló.
El propio Xavier Nava ha calificado ese acuerdo —que comprometía un total de 12 millones de pesos con cargo a las arcas municipales— como un acto “indebido y carente de legalidad” que merece una revisión a fondo de sus implicaciones.
