Por Antonio González Vázquez
El Frente Ciudadano Anticorrupción exigió a legislatura local hacer públicos los 113 informes finales de auditoría 2016 que fueron rechazados hace un par de semanas y demandó que la reposición de dichas auditorías por parte de la Auditoría Superior del Estado se ajuste a la ley.
De no fundarse y motivarse el rechazo a las cuentas y por ende su reposición, se estaría incurriendo en un hecho más de ilegalidad por parte de los diputados, afirmó ese Frente en rueda de prensa.
De acuerdo con una revisión jurídica de lo actuado por el Congreso en el caso del rechazo a los informes de la Cuenta 2016 de todos los entes auditables, se concluyó que “para no aprobar las cuentas públicas los diputados debieron elaborar 113 dictámenes individualizados para cada uno de los entes fiscalizables, fundar y motivar las razones por las que cada informe no cumple los requisitos de ley y sobre esos puntos ordenar reponer el procedimiento”.
“El efecto de tal irresponsabilidad o actuación dolosa, es que la revisión de las cuentas públicas 2016 ya cumplió su ciclo y cualquier intento de volverlas a auditar puede ser evitado por los entes fiscalizados mediante un amparo contra la falta de fundamento y motivación”, asentó esa organización de ciudadanos que hace apenas unas horas había presentado denuncia ante la Procuraduría General de Justicia en el caso de la Ecuación Corrupta.
Se hicieron cuatro peticiones formales al Congreso: Publicar en su portal de Internet los 113 informes finales de auditoria, con todos sus anexos, elaborados por la ASE y presentados a la Comisión de Vigilancia el 31 de mayo y el 15 de junio de este año.
Asimismo, publicar la totalidad de los pliegos de observaciones, las hojas de trabajo elaborados por los auditores de la ASE, como trabajo previo a todos y cada uno de los 113 entes fiscalizables, y los documentos relacionados con las solventaciones que hayan interpuesto. Les recordamos que se trata de un tema de corrupción y en consecuencia, no aplica la reserva de información.
Además, contratar a un grupo de abogados de reconocida solvencia moral para instalar ventanillas de atención a la ciudadanía interesada en presentar denuncias en los términos previstos en el Título Tercero de la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado.
También, otorgar todas las facilidades para la consulta de la información a fin de que la ciudadanía interesada cuente con la posibilidad de integrar de mejor manera las denuncias.
