Desiree Madrid
A más de un año de su implementación, el impuesto ambiental en San Luis Potosí muestra un arranque muy por debajo de las expectativas oficiales: de una meta cercana a los 50 millones de pesos para 2026, la recaudación en el primer trimestre apenas supera los 3 millones, de acuerdo con el propio gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
El desfase no solo refleja un bajo nivel de cumplimiento, sino que también pone en duda la capacidad del gravamen para financiar acciones ambientales en el corto plazo.
“Va un 20 por ciento, apenas del 100 por ciento esperado”, señaló el mandatario al referirse al avance de la recaudación.
Sin embargo, enseguida acotó la magnitud del rezago:
“De 50 millones, no van ni tres millones de pesos, imagínate. Entonces, con eso no haces ni siquiera un programa”, admitió, al reconocer que los ingresos actuales resultan insuficientes para sostener políticas públicas en la materia.
Pese a que el gobernador afirmó que solo llevaban un veinte por ciento de recaudación, cabe aclarar que si solo se han recaudado 3 millones de los 50 millones esperados, dicha cantidad equivale en realidad a tan solo el 6 por ciento.
Según el propio Ejecutivo estatal, el bajo desempeño del impuesto no es un problema únicamente administrativo o de fiscalización.
“No, va muy poco. Nadie lo ha querido pagar casi”, dijo al ser cuestionado sobre el cumplimiento de los contribuyentes, en su mayoría empresas con fuentes fijas de emisión contaminante.
A ello sumó un diagnóstico más amplio sobre la falta de cultura ambiental como factor de fondo.
“También es un tema que, volvemos a lo mismo, la cultura, el medio ambiente pues es mínima. No se cuida el medio ambiente porque no hay una cultura del cuidado”, expresó, al vincular directamente esta percepción social con la resistencia al pago del impuesto.
El gravamen, vigente desde el 1 de enero de 2025, está dirigido a personas físicas y morales que generan emisiones de gases a la atmósfera en el estado. Para 2026 mantiene una cuota base de tres Unidades de Medida y Actualización (UMA) por tonelada de dióxido de carbono o su equivalente, además de la obligación de presentar declaraciones mensuales y una anual a través del sistema electrónico de la Secretaría de Finanzas.
Más allá de la baja recaudación, el esquema contempla sanciones relevantes en caso de incumplimiento. Estas van desde multas económicas por omitir declaraciones, incluso en ceros, o realizar pagos fuera de plazo, hasta recargos, actualizaciones y, en casos de reincidencia, incrementos en las penalizaciones. A nivel administrativo, también se prevén medidas como clausuras temporales o definitivas, así como la suspensión de permisos.
Para este año, la Ley de Ingresos del Estado introdujo ajustes en los estímulos fiscales con el objetivo de incentivar a las empresas a reducir sus emisiones o adoptar tecnologías limpias. Entre estos mecanismos se contemplan posibles exenciones para quienes se mantengan por debajo de ciertos umbrales de emisión, lo que busca equilibrar la carga fiscal con incentivos ambientales.
En paralelo, el gobierno estatal anticipa un endurecimiento en la aplicación del impuesto. El propio gobernador adelantó que la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), en coordinación con Protección Civil, reforzará la supervisión no solo con un enfoque sancionador, sino también preventivo.
“Lo que sí es que Segam va a empezar a aplicarse muy fuerte con Protección Civil, en ese sentido de poder no nada más sancionar a las empresas, sino darles un mapa de riesgo, que sepan con lo que tienen que contar y que ellos también pongan de su parte”, explicó.
