Por Victoriano Martínez

Si cuando se trata de una cuestión sanitaria, la inmunidad de rebaño o de grupo protege a quienes no se han infectado del mal, en la administración pública –cuando se trata de salir bien librado al involucrarse en actos de corrupción– sucede exactamente al revés: la impunidad del rebaño o del grupo protege a las corruptelas de quienes las quieren combatir.

Si desde la sociedad civil surgen grupos que intenten poner un freno a los actos de corrupción o ciudadanos que participen en movilizaciones contra los abusos de poder, quienes no sólo ya gozan de impunidad sino que pretenden mantenerla, cierran filas, sea para simular medidas anticorrupción, declararse a favor de su combate, o de plano contrarrestar la lucha ciudadana.

En 2013, Rubén Guajardo Barrera fue destituido como vicepresidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado señalado por incurrir en actos de corrupción y se abrió un proceso de investigación en su contra. Hoy encabeza la Comisión de Justicia que acaba de dictaminar la iniciativa para dotar de autonomía a la Fiscalía Anticorrupción.

Apenas en la sesión más reciente del Congreso, Guajardo Barrera fue calificado por su compañero Edgardo Hernández como “una vergüenza de diputado” por “venderse y vendernos”, y resulta que el legislador panista advierte que “dentro de esta pandemia por COVID-19 pudiera haber quienes están aprovechando esta distracción para hacer de las suyas en las distintas dependencias”.

Hace unas cuantas sesiones, el pleno del Congreso del Estado nombró a Rosalba Salazar Miranda como titular del órgano de Control Interno de la Auditoría Superior del Estado (ASE) a pesar de su militancia en Morena y los señalamientos sobre la intervención del super delegado Gabino Morales, y el panista José Antonio Zapata, defiende la posición cual si tuviera algún interés o compromiso ahí.

El diputado federal Ricardo Gallardo Cardona, rebosante de impunidad, no sólo reta al INE al no atender las medidas cautelares que le impuso por su promoción personalizada, sino que ignora a las autoridades de salud y acumula giras por todo el estado para realizar reuniones que rompen todas las recomendaciones sanitarias.

Sabe que la impunidad de rebaño lo protege de cualquier sanción por parte del INE o las autoridades de salud y, en el colmo del cinismo, se auto proclama benefactor de toda esa gente a la que pone en peligro de contagio, justo a partir de que los servicios de salud advirtieron del periodo de mayor riesgo.

Martín Juárez Córdova, presidente del Congreso, asegura que la aprehensión de siete jóvenes que poco tuvieron que ver con los destrozos en la sede legislativa el 5 de junio demuestra que nadie puede estar por encima de la ley, cuando en el expediente hay indicios de que desde el Legislativo se promueve que, por lo menos a tres, se les juzgue repetidamente por una misma causa.

Por lo que hasta ahora se ha logrado conocer del expediente, la declaración de Juárez Córdova también resulta un ejemplo más del cinismo de la impunidad de rebaño, ya que en la carpeta de investigación no se hace ninguna referencia a quienes lideraron los destrozos y mucho menos sobre los autores intelectuales, y sí en cambio se perfila la intención de inculpar a inocentes.

La impunidad de rebaño tiene una larga historia en San Luis Potosí, pero se ha hecho más evidente a partir de los pactos que en 2015 le permitieron a Juan Manuel Carreras López alcanzar la gubernatura.

Carreras López ha sido muy eficiente en proteger a los infectados por la corrupción sin importar filiaciones ni corrientes: ex diputados y diputados de todos los partidos, morenistas incluidos; ex alcaldes, igual de todos los partidos pero especialmente de la gallardía; funcionarios de su propio gabinete, y sin duda le llegará el momento en el que la impunidad le sea útil a él mismo.

A menos de dos meses de llegar a su quinto año de gobierno, el de Carreras López ya cuenta con elementos suficientes para ser recordado como el sexenio en el que la corrupción sentó sus reales al haber logrado tal red de complicidades en la que basta cometer una corruptela para formar parte de la impunidad de rebaño.

Fuera de ese rebaño, quien intente poner un freno a los actos de corrupción o aquellos que participen en movilizaciones contra los abusos de poder, corren el riesgo de convertirse en chivos expiatorios.