Angélica Campillo
Este viernes 24 de julio, un grupo de personas originarias de comunidades indígenas de la huasteca potosina llevaron a cabo un bloqueó en la carretera Valles-Tamazunchale, a la altura de El Xolol, debido a su inconformidad con diferentes cuestiones, entre ellas el manejo de la emergencia sanitaria por COVID-19, por parte de la titular de los Servicios de Salud del Gobierno del Estado, Mónica Liliana Rangel Martínez, e incluso solicitan su destitución, así como la renuncia del director del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas (Indepi), y de la diputada local Rosa Zúñiga Luna, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas del Poder Legislativo.
Los manifestantes, originarios de los municipios de Tancanhuitz, Tanlajás y Aquismón señalaron su inconformidad con el sector salud, al aseverar que está diagnosticando e interviniendo en el tratamiento de coronavirus a personas que acuden a los hospitales por padecimientos de otras índoles definidas. Revelaron que las comunidades reconocen casos donde se entregan certificados de defunción por COVID-19, cuando la sintomatología no corresponde a la descripción médica o cuando se trata de casos de fallecimiento por accidente.
Argumentaron que el “subdiagnóstico”, la falta de competencias sociales por parte del personal de salud público y privado, y los falsos positivos que difaman a familias y comunidades enteras, “nos dejan claro que no están dispuestos a reconocer nuestras formas de vida como las de seres humanos”.
Aseveraron que las presidencias municipales no ofrecen ningún plan de acción para apoyar a la población más vulnerable de los pueblos originarios y lo único que hacen es hostigar, crear pánico y violentar a las personas que necesitan trabajar para solventar su alimentación.
En ese contexto manifestaron “que la doctora Mónica Liliana Rangel renuncie a su cargo por permitir toda clase de atropellos en el sector salud”.
Además, los inconformes refirieron que están siendo invisibilizados y silenciados ante la aprobación de leyes en el Congreso del Estado, en materia educativa y electoral, debido a que la consulta popular al respecto se dejó a medias, “violentando también nuestro derecho a decidir”.
Mostraron su apoyo al grupo de personas, pertenecientes a las comunidades indígenas, que el Congreso del Estado contrató para llevar a cabo la consulta, sin embargo, denunciaron que no se les ha pagado su salario ni los gastos efectuados en esta actividad, además de asegurar que el Poder Legislativo se quedó con dicho recurso, que asciende a cuatro millones de pesos.
“Nos percatamos que ninguna institución creada para la atención de los pueblos originarios sirve para tal fin, siendo el Indepi, Inpi, Asuntos Indígenas del Congreso del Estado, Radiodifusora cultural XEANT, entre otros, instituciones operadas por individuos que sutil o descaradamente nos violentan y vulneran como si nos tratásemos de razas inferiores”, expusieron los inconformes.
Adelantaron que no permitirán la entrada a sus comunidades, de candidatos que solo en temporadas electorales se sensibilizan sobre las carencias y virtudes de los pueblos originarios, pero al estar al frente de un cargo público ven únicamente por sus intereses personales y discriminan a la población.
En materia de educación, rechazaron el comportamiento de la sección 26 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) por permitir descuentos indebidos, por vender boletos para el avión presidencial, entre otros.
También solicitaron la renuncia del director del Indepi, Raúl González Vega, por no cumplir con la finalidad del instituto y por difamar a mujeres y hombres indígenas activistas, así como de la diputada Rosa Zúñiga Luna, comisionada de Asuntos Indígenas en el Poder Legislativo local “por su ineptitud en defensa de los pueblos que representa”.
