Fernanda Durán
En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), las y los consejeros electorales analizaron 96 proyectos de resolución en materia de fiscalización, entre los que destacaron 17 relacionados con la elaboración y distribución de los llamados “acordeones” o guías de votación, que incluyeron candidaturas tanto del Poder Judicial Federal como de poderes judiciales locales.
Estos materiales, distribuidos de manera impresa y digital antes y durante la jornada electoral del 1 de junio, fueron calificados como propaganda electoral ilegal.
La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Carla Humphrey, detalló que la autoridad recopiló 336 ejemplares físicos de 10 modelos distintos, los cuales enlistaban nombres o números de candidaturas.
“El beneficio de un gasto a una precampaña, campaña, candidatura o partido no depende de que se tenga por acreditada la autoría material de la producción o fijación, ni el pago de esta, ya que lo importante es tener por acreditado que existió”, sostuvo Humphrey.
Añadió que las personas candidatas no realizaron acciones eficaces para deslindarse o frenar la difusión de estos materiales, lo cual constituye una omisión sancionable.
El Consejo General aprobó sancionar con el 10 por ciento del tope de gastos de campaña a las candidaturas ganadoras que aparecieron en los acordeones. Sin embargo, Humphrey propuso también sancionar a quienes no resultaron electos, pero se beneficiaron de esta propaganda, al considerar que “el éxito o no de una estrategia no tiene que ver con el triunfo”.
San Luis Potosí, en la lista de entidades con casos confirmados
Durante su intervención, la consejera Dania Ravel destacó que existen elementos para afirmar que en San Luis Potosí también se distribuyeron acordeones con candidaturas locales.
Cuestionó el sentido de algunos proyectos que proponían declarar infundadas las quejas:
“Por lo que hacen los proyectos 379-2025, 477-2025 y 526-2025 relacionados con la entrega de acordeones o guías de votación en las que aparecían candidaturas a cargos del Poder Judicial de los estados de Colima, San Luis Potosí y Tamaulipas, no estoy de acuerdo en que sean infundados, toda vez que se tiene acreditada la existencia mínimamente de un acordeón en donde aparecen también las candidaturas locales”.
Ravel argumentó que estas prácticas violaron el régimen especial de financiamiento para las elecciones judiciales, el cual prohíbe el uso de recursos públicos o privados distintos a los personales de cada aspirante.
Propuso imponer una sanción del cinco por ciento del tope de campaña a quienes no resultaron ganadores, pero fueron beneficiados por esta propaganda.
División en el Consejo
Las posturas sobre la sanción y la interpretación del beneficio electoral estuvieron divididas.
Mientras que consejeros como Martín Faz, Arturo Castillo y Jaime Rivera respaldaron la sanción basada en el principio de beneficio obtenido, Norma De la Cruz y Rita Bell se opusieron al sentido de varios proyectos, al considerar que no existían pruebas suficientes para acreditar responsabilidad directa ni beneficio concreto.
“El proyecto original (…) declaraba infundadas estas quejas, el cual fue elaborado con los parámetros objetivos de la función fiscalizadora, investigadora y sancionadora”, recordó De la Cruz, quien también criticó que las sanciones se aplicaran sólo a candidaturas ganadoras.
A su juicio, esto representaba un cambio injustificado de criterio que no se basaba en el monto económico erogado, sino en el resultado de la elección.
Por su parte, el consejero Uuc-kib Espadas llamó a no sobredimensionar el impacto de los volantes, aunque reconoció que constituyen propaganda ilegal:
“Los volantes son un mecanismo de propaganda fundamentalmente ineficaz, pero que genera el beneficio que genera”.
Aunque las candidaturas negaron su participación en la elaboración y reparto de los acordeones, el INE determinó que no realizaron acciones para detener su circulación.
Además, se iniciarán procedimientos oficiosos para identificar a los responsables de su financiamiento y difusión, entre ellos entes públicos y particulares.
