Fernanda Durán
La Comisión Primera de Justicia aprobó el dictamen que declara la vacante en la titularidad de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, tras la renuncia de Felipe Aurelio Torres Zúñiga, con efectos a partir del 31 de marzo de 2026. Se prevé que el dictamen sea votado en el pleno este martes 7 de abril.
El documento establece que, conforme a la Constitución del Estado, el Congreso deberá notificar al titular del Poder Ejecutivo estatal para que, en un plazo de 30 días naturales, envíe una terna de perfiles para ocupar el cargo, de la cual el Legislativo elegirá al nuevo fiscal por mayoría calificada.
La diputada María Leticia Vázquez Hernández, presidenta de la comisión, explicó que tras la declaratoria de vacante “inmediatamente se le va a dar reconocimiento al Ejecutivo del Estado para que pueda él presentar una terna de personas que cumplan con el perfil indicado”, y precisó que el plazo comenzará a correr una vez realizada la notificación.
Sobre la renuncia, señaló que no corresponde al Congreso determinar sus causas: “yo creo que ahí quien pudiera tener mejores datos sería la propia fiscal. Hasta donde yo sé, son motivos personales”.
Además, subrayó que el Poder Legislativo debe limitarse a cumplir con el procedimiento para el nombramiento. El objetivo será seleccionar a quien cumpla con los requisitos legales para asumir el cargo “lo más pronto posible”, a fin de dar continuidad a las funciones de la fiscalía.
Cuestionada sobre el funcionamiento de dicha fiscalía, sostuvo que el desempeño depende de quienes ocupan los cargos: “yo creo que toda la Fiscalía funciona (…) depende de cada instancia de las personas que ocupan cada cargo, también la voluntad y el ímpetu que le pongan”.
Por su parte, el diputado Carlos Arreola Mallol cuestionó el modelo actual de las fiscalías anticorrupción, al considerar que no ha dado resultados en términos de judicialización y sanción de delitos.
“No funcionan las fiscalías anticorrupción, la verdad es que son muy pocas a nivel nacional las que tienen índices de carpetas de investigación que terminan en judicialización y en una posterior sentencia”.
El legislador planteó que el diseño institucional debe replantearse y sugirió que la Fiscalía General tenga un carácter electivo: “el fiscal representa al pueblo y tiene que ser electo por el pueblo”, además de que existe la necesidad de fortalecer la coordinación entre la Fiscalía, el Poder Ejecutivo y las instancias de seguridad para mejorar la integración de investigaciones.
Asimismo, consideró que si bien deben mantenerse fiscalías especializadas, estas deben sustentarse en perfiles técnicos adecuados a cada materia, como el derecho administrativo y fiscal en el caso de la anticorrupción.
El perfil que resulte electo ocupará el cargo únicamente para concluir el periodo originalmente asignado a Torres Zúñiga, es decir, hasta el 5 de mayo de 2028.
