Fernanda Durán
Una iniciativa presentada esta semana ante el Congreso del Estado propone reformar el artículo 15 de la Constitución Política de San Luis Potosí para establecer de manera expresa la prohibición de prácticas extractivas de recursos naturales que contaminen o dañen de forma irremediable el medio ambiente y el equilibrio ecológico en la entidad.
El documento, turnado a las comisiones de Puntos Constitucionales, y Ecología y Medio Ambiente, no menciona de manera explícita en su encabezado el nombre de los promoventes; sin embargo, al final del texto aparecen las firmas autógrafas de las diputadas y diputados Héctor Serrano Cortés, Brisseire Sánchez López, Carlos Artemio Arreola Mallol, María Leticia Vázquez Hernández, José Roberto García Castillo y Nancy Jeanine García Martínez, integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y Morena.
En su exposición de motivos, la iniciativa señala que México enfrenta un proceso acelerado de degradación ambiental, al referir que más del 70 por ciento del territorio nacional presenta algún grado de deterioro del suelo y que aproximadamente el 59 por ciento de los cuerpos de agua superficiales se encuentran contaminados, lo que coloca al país en una situación de alta vulnerabilidad ambiental.
El documento también advierte que San Luis Potosí no es ajeno a esta problemática, al indicar que varios de los acuíferos que abastecen al estado presentan condiciones de sobreexplotación o déficit, lo que compromete la disponibilidad de agua para consumo humano y la preservación de los ecosistemas.
Como parte de este contexto, la iniciativa hace referencia a actividades extractivas como el fracturamiento hidráulico o fracking, al señalar que esta técnica implica la inyección de millones de litros de agua mezclada con arena y compuestos químicos a alta presión, lo que representa riesgos de contaminación de acuíferos y reducción crítica de la disponibilidad de agua, particularmente en regiones con estrés hídrico.
El cambio central planteado consiste en añadir al artículo 15 constitucional una disposición específica que establezca que, para garantizar el derecho a un medio ambiente sano, “quedarán prohibidas todas las prácticas extractivas de recursos naturales que contaminen o dañen de manera irremediable el medio ambiente y el equilibrio ecológico del pueblo de San Luis Potosí”.
Actualmente, el texto vigente reconoce el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y obliga a las autoridades a implementar acciones para conservar y proteger los recursos naturales, pero no contempla una prohibición expresa de actividades extractivas con potencial de daño ambiental irreversible.
De acuerdo con la iniciativa, elevar esta restricción a rango constitucional permitiría reforzar la protección ambiental en la entidad, establecer límites claros frente a modelos productivos considerados de alto impacto y brindar certeza jurídica sobre la prioridad del cuidado del medio ambiente y los recursos naturales.
El documento señala además que esta reforma busca alinear el marco constitucional local con los principios de progresividad de los derechos humanos y con los compromisos nacionales e internacionales en materia ambiental, al tiempo que reafirma la obligación del Estado de garantizar la sostenibilidad y la preservación del entorno para las generaciones presentes y futuras.
