Fernanda Durán
El diputado Luis Felipe Castro Barrón presentó la iniciativa que reforma la Ley para la Atención y Protección de las Personas con la Condición del Espectro Autista, un proyecto que modifica el modelo bajo el que actualmente opera la legislación estatal al extender la protección más allá de la infancia e incorporar medidas para garantizar la inclusión educativa, laboral y social durante toda la vida de las personas autistas.
La propuesta parte de la premisa de que la legislación vigente quedó limitada al ámbito médico y a la atención de niñas y niños, por lo que incorpora por primera vez conceptos como neurodiversidad, vida independiente, ajustes razonables y fuerza productiva especializada. La iniciativa será analizada por las comisiones de derechos humanos y salud, además los 27 legisladores se adhirieron al proyecto.
La iniciativa propone reformar diversos artículos de la Ley para la Atención y Protección de las Personas con la Condición del Espectro Autista para dejar de concentrar la atención únicamente en niñas y niños e incorporar el concepto de “ciclo de vida”, con el propósito de reconocer las necesidades de adolescentes, personas adultas y adultos mayores dentro del espectro.
Entre las modificaciones destaca el artículo 2, donde se sustituye el objetivo de promover la inclusión por la obligación de garantizar el ejercicio de los derechos de las personas autistas bajo un modelo social y de derechos humanos.
Asimismo, el artículo 3 incorpora definiciones que actualmente no existen en la legislación, como neurodiversidad, ajustes razonables, vida independiente, habilidades para la vida independiente y fuerza productiva especializada.
La iniciativa también reforma los artículos 4 y 7 para establecer obligaciones específicas a las autoridades estatales y a los ayuntamientos, quienes deberán implementar de manera progresiva ajustes y acciones orientadas a la inclusión de personas autistas, en lugar de mantener atribuciones generales como ocurre actualmente.
Además, plantea crear un Capítulo Primero Bis, integrado por los artículos 22 Bis al 22 Quinque, mediante el cual se establecería un Registro Estatal de Personas con la Condición del Espectro Autista, administrado por el DIF Estatal a través del CREE, con actualizaciones trimestrales para contar con información que permita planear políticas públicas y asignar recursos.
En materia laboral, la reforma incorpora nuevas disposiciones en el artículo 22 Bis, orientadas a promover la inclusión de personas autistas mediante protocolos de contratación y adecuaciones sensoriales en los centros de trabajo. Sin embargo, la cuota obligatoria del tres por ciento de contratación en dependencias públicas no forma parte del articulado, sino que se plantea en los artículos transitorios donde se prevé que el Ejecutivo estatal emita, en un plazo de 90 días, los lineamientos para su implementación.
La propuesta también modifica el artículo 25 y adiciona el 25 Bis para ampliar el derecho al diagnóstico a cualquier etapa de la vida y establecer que el acceso al empleo no implique la pérdida de certificados de discapacidad, pensiones o apoyos sociales.
Por otra parte, con la adición de los artículos 29 Bis y 41 Bis se busca fortalecer la inclusión educativa mediante la prohibición de rechazos escolares por motivo de autismo, la creación de mecanismos accesibles para presentar quejas y la obligación de realizar ajustes razonables cuando existan actos de discriminación.
Aunque la iniciativa ya fue presentada a colectivos y especialistas para recibir observaciones, todavía deberá someterse a la consulta pública obligatoria con personas con discapacidad antes de que pueda ser discutida y votada por el Pleno del Congreso.
