Fernanda Durán
La abogada penalista Claudia Espinosa Almaguer cuestionó la iniciativa presentada por el diputado Héctor Serrano Cortés, coordinador del Partido Verde en el Congreso del Estado, que busca castigar penalmente el uso indebido de la inteligencia artificial (IA) para difundir información falsa o manipular contenidos digitales.
A su juicio, la propuesta no solo es innecesaria, sino que podría convertirse en una herramienta de control político contra la ciudadanía, los medios y la oposición, al incluir descripciones amplias y ambiguas sobre los posibles “daños” al Estado y a la sociedad.
En su análisis, Espinosa explicó que el proyecto de Serrano define la inteligencia artificial como cualquier sistema o programa “capaz de producir, modificar o difundir contenidos digitales con apariencia verosímil o similar a la realidad”, lo que incluye imágenes, audios o videos conocidos como deepfakes.
El legislador argumenta que su difusión puede afectar la reputación, la seguridad y la confianza pública, por lo que propuso nuevos delitos que castiguen este tipo de materiales.
Sin embargo, la especialista en derecho penal consideró que el argumento de un “vacío legal” es falso, ya que el propio documento reconoce que desde julio de 2025 el Código Penal de San Luis Potosí ya contempla el uso de IA como medio para cometer delitos relacionados con la identidad y la difusión ilícita de imágenes íntimas.
“Estas figuras ya cubren los bienes jurídicos de toda la ciudadanía en cuanto a la extorsión de particulares y la manipulación de la identidad de las personas, luego entonces tal ‘vacío’ no se comprueba”.
Espinosa advirtió que el enfoque de la iniciativa no protege a la población en general, sino a quienes ostentan el poder.
“Las motivaciones restantes no incluyen a los particulares, sino a los políticos, al Estado o a las ‘autoridades’ en potenciales ‘víctimas’. Por tanto, los probables acusados no tendrían esta calidad, sino que se construye en contra del ciudadano común, el periodismo crítico o la oposición”, subrayó.
Para la penalista, esta propuesta representa “una herramienta político-criminal para disminuir la libertad de expresión y de opinión”, al colocar los nuevos artículos dentro del apartado de delitos contra la seguridad del Estado, por lo que el hecho de que el Estado sea considerado la “víctima” altera el equilibrio entre gobierno y ciudadanía.
“El Estado y la población no están en equivalencia de poder: el primero crea los delitos, los investiga y los juzga. Hacer más delitos en una norma declara de facto al Estado en su derrota de no convencer sobre su legitimidad política si no es mediante sanciones punitivas”.
Aunque la iniciativa incluye una cláusula que supuestamente protege la libertad periodística y la crítica política, Espinosa consideró que esa garantía es engañosa.
“El mero acto de tipificar implica que estas acciones tendrían que ser prueba en contrario dentro de un proceso penal”, señaló.
En otras palabras, cualquier persona podría ser acusada y tendría que demostrar que su trabajo no buscaba “causar alarma o desinformación”.
Espinosa Almaguer comparó esta propuesta con la llamada “ley de halconeo”, aprobada hace algunos meses bajo el argumento de fortalecer la seguridad, pero que en la práctica sirvió para criminalizar la labor de observación ciudadana y el trabajo periodístico, y que este tipo de medidas generan un efecto inhibidor.
“No se exime a ninguna persona de ser acusada por este delito y sí constituye una amenaza general que puede limitar el potencial crítico y la participación ciudadana ante el temor de ‘caer’ en el supuesto”.
La especialista también advirtió que las definiciones son tan amplias que podrían usarse para castigar la disidencia.
“La finalidad de causar alarma, confusión o inestabilidad es difusa en un país con el fenómeno de inseguridad como México, en el que la información institucional y la realidad cotidiana presentan profundas diferencias”, explicó.
En ese contexto, la abogada advirtió que perseguir penalmente a quien difunda una versión distinta a la oficial “haría flaco favor a la democracia”.
Finalmente, advirtió que las agravantes previstas en el texto —cuando las conductas se cometan durante procesos electorales o de justicia— elevan las penas “a niveles comparables con el homicidio simple”, lo que consideró desproporcionado e impropio del fuero común.
“La búsqueda es castigar por dividir la opinión pública o restar fuerza al discurso del Estado”.
“No frena libertades”: asegura Serrano
El legislador promovente reconoció que la iniciativa “ha causado” distintas reacciones, pero atribuye la polémica a una “mala interpretación”.
“Los mal pensados van a darle la interpretación que quieran. Y cada quien le va a dar la interpretación que quiera para el fin que le corresponde”.
El diputado sostuvo que su propuesta “no frena la posibilidad de libertades” y que su propósito es proteger a la ciudadanía frente a contenidos manipulados que “pueden generar temor o desinformación”.
“Siempre respetuosos de la libertad de expresión. No es una iniciativa que frene la posibilidad de libertades. Soy el primero en encauzar las libertades”.
Serrano explicó que la intención es sancionar penalmente a “quien falsifique documentos a través de la inteligencia artificial y crea una realidad inexistente para denostar o generar terror”.
Argumentó que la manipulación de imágenes, audios o videos “puede alterar la realidad y generar pánico social”, y que su objetivo es “evitar que se generen condiciones de percepción equivocada de lo que realmente se está viviendo en el Estado”.
Ante las preocupaciones expresadas por periodistas, activistas y especialistas en derecho penal, el diputado aseguró que la iniciativa no pretende censurar ni limitar el trabajo periodístico ni los contenidos de humor o crítica política.
“No tiene nada que ver que hagas un meme que es evidentemente provocando la risa o la caricatura. Nadie está en contra de eso”.
También señaló que la propuesta no fue sometida a votación inmediata y se turnó a comisiones para abrir el debate legislativo.
“¿Ustedes creen que no podíamos hacerlo de urgente y obvia resolución y votarlo? Claro. Pero yo no pretendo eso. Hoy está en la comisión, habremos de debatirlo ahí”, dijo.
Añadió que está dispuesto a que el texto sea revisado y modificado:
“Vamos a garantizar en la ley que esa preocupación no se imponga a la intención que tenemos con respecto a esta propuesta”.
Insistió en que la iniciativa no busca restringir derechos, sino prevenir que la tecnología sea utilizada para alterar información pública.
Durante la entrevista, también subrayó su disposición a dialogar con quienes han expresado dudas sobre el alcance del proyecto y que no tiene motivaciones políticas detrás de la propuesta.
“Refrendo que no tengo aspiraciones subsecuentes en el tema político. Esto no me inhibe presentar una iniciativa así. He observado la difusión de material alterado, editado, que no es la verdad y que genera condiciones sociales de inseguridad o de percepción de inseguridad”.
Serrano afirmó que su iniciativa responde a “una necesidad social” y que será revisada a fondo en comisiones para garantizar que no afecte la libertad de expresión.
“Imagínate que en la comisión no pudiera estar aperturado para que todo mundo emita una opinión, incluso de perfeccionamiento jurídico”, añadió.
El diputado concluyó que su intención es “frenar un uso indiscriminado” de la inteligencia artificial con fines de manipulación y reiteró su compromiso con la libertad de comunicación.
“Lo más importante para mí es ser empresario. Obviamente hago mi trabajo como legislador, sin duda, pero siempre garantizando las condiciones de la libertad de expresión. Eso tenga la seguridad de que siempre vamos a luchar por ello y siempre va a estar así”.
Además, invitó a quienes tengan críticas sobre la iniciativa a enviarlas formalmente al Congreso para que sean consideradas durante el proceso legislativo.
“Si alguien ya dio a conocer la iniciativa completa, más fácil, que envíe por escrito su preocupación o comentario al Congreso. El medio que sea, el autor o el actor que quiera lo leemos y decimos: ‘mire, fulano de tal está preocupado por esto’. Vamos a garantizar en la ley que esa preocupación no se imponga a la intención que tenemos con respecto a esta propuesta”.
