Fernanda Durán
En medio de la controversia por el incremento a la tarifa del transporte público urbano en San Luis Potosí, ciudadanos entregaron al Congreso del Estado dos propuestas legislativas orientadas a regular los aumentos al pasaje y a transparentar las condiciones reales en las que opera el servicio, particularmente la antigüedad de las unidades y los horarios de las rutas.
Las iniciativas fueron promovidas por Alma Verónica Melo Martínez y Miguel Ángel Martínez González, quienes señalaron que ambas acciones responden a la necesidad de proteger la economía de las familias potosinas y garantizar el derecho humano a la movilidad, en un contexto de incrementos tarifarios que han superado de manera reiterada la inflación.
El primer documento consiste en una iniciativa ciudadana con proyecto de decreto que propone reformar los artículos 90 y 94 de la Ley de Transporte Público del Estado, con el objetivo de establecer topes claros y criterios objetivos para la actualización anual de las tarifas.
En la exposición de motivos se advierte que, aunque la legislación actual contempla al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) como referencia, no fija límites máximos, lo que ha permitido aumentos “desproporcionados y discrecionales”.
De acuerdo con el documento, en 2025 la tarifa pasó de 11.50 a 12.50 pesos, lo que representó un incremento del 8.6 por ciento, mientras que en 2026 el aumento fue nuevamente del 8 por ciento, al subir de 12.50 a 13.50 pesos, pese a que la inflación anual fue de 4.21 puntos porcentuales en 2024 y 3.69 en 2025. Esta diferencia, señalan los promoventes, evidencia la ausencia de una regulación que impida ajustes por encima del INPC.
La iniciativa plantea que la actualización tarifaria solo pueda realizarse una vez al año, exclusivamente con base en la variación anual del INPC, el cual se convertiría en el tope máximo legal, además de precisar que cualquier redondeo deberá realizarse sin exceder dicho porcentaje, privilegiando siempre el interés del usuario.
El segundo documento entregado es una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante la cual se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado a informar al Congreso sobre la antigüedad de las unidades concesionadas, así como los horarios de operación, frecuencias y cobertura territorial de cada ruta, similar al presentado la semana pasada por el grupo parlamentario de Morena.
En la exposición de motivos, los ciudadanos argumentan que la calidad del servicio está directamente relacionada con estos factores y que la falta de información pública ha impedido evaluar de manera técnica la pertinencia de iniciar un programa de renovación del parque vehicular y ampliar horarios, especialmente en zonas periféricas y en turnos nocturnos, donde persisten quejas por falta de unidades y largos tiempos de espera.
El punto de acuerdo subraya que el derecho humano a la movilidad, reconocido en el artículo 4 de la Constitución federal, debe garantizarse bajo principios de seguridad, accesibilidad, eficiencia, calidad e inclusión, y recuerda que la Ley de Transporte del Estado establece una antigüedad máxima de 10 años para las unidades, así como la facultad de la autoridad para definir frecuencias y horarios.
Ambas propuestas fueron recibidas formalmente por el Congreso del Estado y, según informaron sus promoventes, fueron admitidas por todos los grupos parlamentarios, con excepción del PRI, lo que resulta relevante en un contexto en el que previamente la diputada priista Sara Rocha Medina ha planteado iniciativas para limitar la participación ciudadana en el proceso legislativo.
Los impulsores indicaron que estas acciones forman parte de una agenda legislativa ciudadana más amplia, que buscará abordar otros temas relacionados con movilidad, servicios públicos y derechos sociales, y manifestaron su disposición a dialogar con legisladores y autoridades para que el transporte público sea un instrumento de inclusión y justicia social, y no una carga económica adicional para las familias potosinas.
