Óscar G. Chávez
“Avanza la Fenapo como la mejor feria de México” se leía en algunos diarios y portales electrónicos al inicio de esta semana que concluye. Dos y medio millones de visitantes en el teatro del pueblo al cierre de la semana pasada que al sumarse con el resto de visitantes a las instalaciones dieron un total de cuatro. A todas luces se trata de la inserción de un boletín a modo, en el que no se hacía otra cosa que ensalzar los esfuerzos del gobernador y sus proyectos futuros sobre la feria, no obstante bajo ningún motivo considero que las cifras de los asistentes sean infladas.
Por donde se quiera ver, la Feria Gallardista Potosina fue en su primer año un enorme logro para el gobernador y dio bastante material a su aparato de prensa y propaganda. Las lluvias son fenómenos naturales que, dado su origen, deben tratarse por separado, pero incluso éstas lo beneficiaron al ayudarle a enfatizar los desaciertos de la herencia maldita.
Unido a lo anterior la Seduvop evidencia que en la pasada administración gubernamental se hacían obras chafas para robar; ni tardo ni perezoso el gobernador Gallardo sale a anunciarlo a todo el que lo quiera escuchar. Las carreras de Carreras sólo dejaron obras de mala calidad en las que se buscó en todo momento abaratar costos, así que será necesario según los peritajes, que dice el ingeniero Ricardo que se hicieron, demoler y volver a levantar; algo similar a lo que se tuvo que hacer con los quirófanos ordenados en el Hospital Central en tiempos del irascible Toranzo.
Nada de lo anterior debe dudarse, bien es sabido cómo se las gastaba el criminal ambiental que durante el sexenio pasado dirigió la Seduvop, y de sus delitos contra el erario hay una infinidad de ejemplos; pero viene la pregunta obligada ¿por qué no actúan?, o ¿cuándo se actuará? Nunca, es más que evidente, ya que en el momento que fueran sancionados él y sus operadores se acabaría toda posibilidad de culpar al de atrás.
Son precisamente los fraudes contra el erario los que han obligado a la actual administración a recortar el presupuesto a todo lo que sea posible, dicen que es indispensable el ahorro para poder superar la maldita herencia, pero vemos que en la práctica se desarrollan otras estrategias.
El ejemplo más claro, y triste, lo tenemos en el recorte al presupuesto de los servicios de Salud, concretamente a los hospitales básicos comunitarios. Ocho millones que se les retiran sobre los presupuestos originales.
En uno de estos hospitales, dicho sea de paso, falleció derivado de circunstancias todavía nada claras, una pequeña niña a mediados de esta semana. Todo lo que hay detrás de este lamentable caso servirá a la administración estatal para desviar atenciones del tema del recorte; sin más, la culpa es del personal que labora en el hospital de Salinas.
Al margen de los niveles de equivocación o responsabilidad de los médicos, que aún no se determina, el gobernador ya logró poner a la opinión pública de su lado y en contra del personal de los hospitales; en su limitado entendimiento parece no alcanzar a comprender que esto puede llevar a una tragedia mayor. No se necesita mucha imaginación para percatarnos que ese tipo de comentarios ponen en riesgo al personal médico de cualquier hospital público en el estado.
Algo está mal cuando un gobernador señala, acusa, amenaza, y se constituye en ministerio público y juez. La Fiscalía, por su parte, rápido se sumó a las amenazas al dejar ver el inminente ejercicio de la acción penal y la posibilidad de retirar cédulas profesionales. ¿No existe una comisión de arbitraje médico?
Mientras, encubierta por ese asunto, la secretaría de Salud justifica la reducción de presupuesto, se hizo –afirman– porque mucho de los suministros se entregaron en especie. El presupuesto se centraliza, sobra decir que es una de las formas más eficientes de controlar, rasurar y retener parte del presupuesto asignado, para mientras realizar negocios que permitan beneficiar y beneficiarse a costa del presupuesto.
El problema es que este tipo de operaciones acaben resultando peligrosas, tal como una adjudicación que se hizo en diciembre en la que se buscó beneficiar a ciertas compañías proveedoras de reciente creación, entre ellas una guanajuatense recomendada por un alto funcionario de la Contraloría General del Estado. Al final, la operación no salió del todo bien, los Servicios de Salud se quedaron sin medicamentos, el recurso pagado sobre esa adjudicación no se recuperó, y sólo se recibió menos de la tercera parte de lo adjudicado. Problemas no tendría por qué haberlos, al fin el recurso no es de ellos, pero sí generó una fuerte división entre palacio de gobierno y la Contraloría.
Mientras tanto, Gallardo seguirá culpando a la maldita herencia (equivalente local a los gobiernos neoliberales en lo federal), pero con todo y los recortes se le ha ocurrido gastar 80 millones para techar el Teatro del Pueblo. Así que la próxima vez que alguien asista a un evento masivo a este lugar, debe reflexionar en que como concurrente está protegido de las inclemencias del tiempo gracias al recorte que se hizo a algún hospital.
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