María Ruiz
Entre enero y noviembre de 2025, al menos 26 quejas formales fueron presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en contra del Ayuntamiento de San Luis Potosí capital y sus dependencias municipales, de las cuales 17 se dirigieron directamente al organismo operador del agua, Interapas, lo que lo colocó como la autoridad municipal con mayor número de señalamientos, al concentrar 65.3 por ciento del total.
El resto de las inconformidades se distribuyó principalmente entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, por hechos relacionados con abusos de autoridad, omisiones en la prestación de servicios públicos y afectaciones directas a personas en situación de vulnerabilidad, según se desprende de los informes mensuales de actividades del organismo autónomo.
Desde el arranque del año, en enero, Interapas acumuló cuatro quejas, todas por omitir, suspender o no garantizar el servicio de agua potable y drenaje, afectando a colonias completas de la capital potosina, con un impacto reiterado en adultos mayores. Aunque en ese mes no se registraron quejas directas contra el Ayuntamiento, la CEDH emitió una medida precautoria contra la Dirección de Servicios Médicos Municipales para garantizar la continuidad de tratamientos y medicamentos, evidenciando fallas institucionales incluso en ausencia de denuncias formales.
Febrero marcó el primer incremento visible contra el gobierno municipal. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Municipio de San Luis Potosí fue señalada en dos quejas por detención arbitraria, lesiones y prestación indebida del servicio público, mientras que Interapas sumó tres quejas adicionales por deficiencias en agua y drenaje. Ese mes, la CEDH ordenó cuatro medidas precautorias, tres dirigidas al organismo operador del agua y una al Ayuntamiento, para garantizar servicios básicos en colonias y fraccionamientos de la capital y de Villa de Pozos.
En marzo, Interapas volvió a encabezar los señalamientos con cuatro nuevas quejas, centradas nuevamente en la falta de agua potable y drenaje. La gravedad de las omisiones quedó reflejada en la emisión de cuatro medidas precautorias, algunas de carácter colectivo, que obligaron a garantizar el servicio en colonias como Pedroza, Las Palmas, Villa Fontana, Matamoros, Matamoritos y El Saucito, así como en domicilios particulares en Los Aguilares. La CEDH reconoció que la carencia de servicios básicos estaba vulnerando derechos humanos fundamentales como la salud, la dignidad y la seguridad.
La tendencia se mantuvo en abril, cuando se registraron tres quejas más contra Interapas, relacionadas con la suspensión de servicios, afectaciones a adultos mayores, lesiones derivadas de omisiones y prestación indebida del servicio público. Aunque en ese mes no se dictaron medidas precautorias específicas, los expedientes quedaron abiertos, sumándose al acumulado de casos en trámite.
Mayo presentó una particularidad estadística. No se registraron quejas nuevas contra el Ayuntamiento de San Luis Potosí; sin embargo, la CEDH emitió medidas precautorias relevantes. En un caso, se ordenó al Ayuntamiento abstenerse de actos de molestia carentes de fundamentación contra una trabajadora municipal, garantizando su derecho al trato digno y a una vida libre de violencia laboral. En otros dos, se instruyó a Interapas a garantizar el servicio de drenaje y realizar reparaciones urgentes en favor de adultos mayores y comunidades afectadas.
En julio, el peso del organismo operador del agua volvió a reflejarse en las cifras. De un total de 56 quejas recibidas por la CEDH en ese mes, cuatro correspondieron a Interapas, por omitir o no garantizar el servicio de agua potable y drenaje, con afectaciones documentadas a personas menores de edad, personas con discapacidad y adultos mayores. Para entonces, Interapas ya concentraba más de la mitad de las quejas municipales acumuladas en el año.
De acuerdo con los informes oficiales, durante agosto, septiembre y octubre de 2025 no se registró ninguna queja en contra de dependencias del Ayuntamiento de San Luis Potosí, lo que marcó un periodo atípico de tres meses consecutivos sin nuevos señalamientos formales. No obstante, la CEDH mantuvo abiertos los expedientes iniciados en meses previos, los cuales continuaron en trámite.
El cierre del periodo, en noviembre, confirmó que los señalamientos no se limitaron a los servicios básicos. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal fue señalada en tres quejas, relacionadas con amenazas, tratos intimidatorios, omisión de auxilio y acciones discriminatorias contra personas con discapacidad. Ninguno de esos expedientes fue concluido en el mes, no se emitieron recomendaciones ni propuestas de conciliación, y las quejas quedaron pendientes de seguimiento.
En el balance general de enero a noviembre de 2025, los datos de la CEDH muestran que dos de cada tres quejas municipales estuvieron vinculadas a fallas en el acceso al agua potable y al drenaje, mientras que el resto se relacionó con abusos policiales, omisiones en la protección ciudadana y vulneraciones a la dignidad e integridad de personas en situación de vulnerabilidad.
La propia Comisión Estatal de Derechos Humanos precisa que la totalidad de las quejas y medidas precautorias referidas en este recuento corresponde exclusivamente al Ayuntamiento de San Luis Potosí capital y a sus dependencias, incluido el organismo operador Interapas, en su calidad de entidad responsable de la prestación de servicios públicos municipales.
Más allá de las cifras, se expuso que los servicios públicos son deficientes, que hay respuestas institucionales tardías y una recurrencia de medidas precautorias que suplen soluciones estructurales. A casi término del año , la mayoría de los expedientes continúa abierta, sin recomendaciones concluyentes, lo que revela que en San Luis Potosí capital la queja ante la CEDH se ha convertido en un recurso constante para exigir lo elemental: agua, seguridad y trato digno.
