Interponen amparo contra CEEAV por omisión en reparación de daño a tres menores huérfanos

Antonio González Vázquez

En el amanecer del 24 de enero de 2018, un hombre de 55 años de edad ingresó al domicilio de su pareja, una mujer de 32 años de edad y madre de tres hijos. La asesinó con un disparo de arma de fuego cuando ella estaba de espaldas; enseguida, el agresor se suicidó. Los hechos, en el municipio de Rioverde, y desde entonces los menores en orfandad esperan que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas repare de manera integral el daño.

Al respecto, el Patronato de Renace Capítulo San Luis informó que la asociación civil brinda acompañamiento jurídico a los tres menores, por lo que fue presentado un juicio de amparo para visibilizar la omisión y dilación de la CEEAV.

A partir de esa omisión, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) reconoció que la inacción de la Fiscalía General del Estado era una violación a su derecho a vivir una vida libre de violencia, considerándola víctima de violaciones a sus derechos humanos y sus hijos víctimas indirectas. Con ese carácter, fueron reconocidas por la CEEAV, sin embargo hasta el día de hoy no han sido reparadas integralmente por este órgano.

En ese sentido, el presidente del Patronado de Renace, José Mario de la Garza, señaló que las niñas y los niños que han quedado en orfandad a causa de los feminicidios en el país, tienen el derecho a una reparación integral del daño, que les permita tener acceso a atención médica y psicológica, y a una calidad de vida.

Sin el apoyo de las instituciones es difícil, enfatizó, pues datos recientes revelan que en muchos de estos casos las niñas y niños quedan al cuidado de familiares que no tienen la solvencia económica para poder cubrir todas sus necesidades básicas.

En el caso de las niñas, se convierte también en violencia institucional, la cual, según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, son todos aquellos actos que obstaculicen el acceso a los derechos de las mujeres y a sancionar la violencia de género.

“Tenemos que evidenciar que la negligencia de las autoridades en temas relacionados con la violencia de género es violencia institucional que debe de ser también erradicada, y que las víctimas de violaciones a derechos humanos están desprotegidas por los órganos que deberían de garantizarles una vida digna”, puntualizó.

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