Fernanda Durán
Integrantes de comunidades indígenas asentadas en San Luis Potosí interpusieron un amparo ante el Juzgado Sexto de Distrito para impugnar el proceso mediante el cual el Congreso del Estado eligió a Giovanna Itzel Argüelles Moreno como presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), al considerar que fueron violados sus derechos a la participación política, a la consulta previa y al acceso a la información en su lengua materna.
El recurso fue promovido por el Centro de Derechos Humanos “Fray Samuel Ruiz” y comunidades como la mixteca baja, otomí y mazahua, representadas por líderes como Narciso Mendoza López, Juana Francisco Juan y Joaquín Martínez.
Durante una conferencia de prensa, expresaron que el Congreso del Estado “olvidó que existen pueblos y comunidades indígenas asentadas aquí en San Luis Potosí”, al no traducir ni difundir en lenguas originarias la convocatoria para elegir a la nueva titular del organismo defensor de derechos humanos.
“El Congreso no sacó la convocatoria en nuestra lengua, aún cuando en el estado de San Luis Potosí existe el artículo noveno, donde se habla claramente que cualquier afectación o iniciativa tiene que traducirse en nuestra lengua, se nos tiene que consultar”, expresó Mendoza López, representante de la comunidad mixteca baja.
De acuerdo con el abogado Ricardo Sánchez García, del Centro Samuel Ruiz, el amparo fue admitido sin sobreseimiento y se fijó ya una audiencia constitucional.
“Es muy importante saber que el amparo es el recurso que nos queda a la ciudadanía, en este caso a ellos, cuando se saben que sus derechos han sido violentados”, explicó al señalar que el Congreso tiene hasta el 29 de mayo para rendir su informe justificado.
Sánchez García argumentó que “fue violentado el derecho a ser incluido en una convocatoria y a recibir información en su lengua, porque es la manera en que ellos se enteran de que pueden participar”.
Subrayó también que la omisión impidió la inclusión de representantes indígenas tanto en la presidencia como en el Consejo Ciudadano de la CEDH, lo que constituye una falta de representación en espacios de toma de decisiones.
Las y los representantes comunitarios insistieron en que este caso no es aislado, sino que se inscribe en una lucha de largo plazo por el reconocimiento y respeto a sus derechos colectivos.
“Nos hemos hecho escuchar por medio de los amparos, de las quejas, y este último hecho violenta totalmente nuestros derechos humanos a la participación”.
Por su parte, Juana Francisco Juan, representante otomí, sostuvo que la exigencia de traducción no es sólo formal:
“Nosotros queremos que no se pierdan nuestros usos y costumbres, nuestra lengua. Una persona que habla nuestra lengua puede entender todas las necesidades. Tenemos que consultar a nuestras comunidades, desde los jóvenes hasta la tercera edad, y eso no se cumplió”.
Finalmente, al ser cuestionado sobre las posibles consecuencias del juicio de amparo, el abogado Sánchez García señaló que “totalmente” podría dejarse sin efecto el nombramiento si el juez así lo determina.
“Lo que se quiere es que haya un ordenamiento de un juez que reponga el proceso desde cero, en la convocatoria”, concluyó.
