Investiga COFECE manipulación del precio de la tortilla en SLP

Por Eduardo Delgado 

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) emprendió la investigación por la posible comisión de prácticas monopólicas en el mercado de producción, distribución y comercialización de tortillas en San Luis Potosí.

Este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF) apareció publicado aviso de la indagatoria, iniciada por solicitud identificada bajo el número de expediente DE-001-2017.

La averiguación “no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno…, sino como una actuación de la autoridad tendiente a verificar el cumplimiento de la Ley Federal de Competencia Económica”, precisa el documento.

La investigación se originó de la denuncia presentada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ante la Cofece contra la Unión Potosina de Industriales de la Masa Tortilla y Similares de San Luis Potosí, y la Unión de la Masa y la Tortilla en San Luis Potosí, por presuntas prácticas de manipulación ilegal del precio de este producto básico.

Ello luego de que el pasado 12 de enero, el presidente de una de esas organizaciones anunció un incremento del precio del kilo de la tortilla de 13 a 15.50 pesos, lo cual representó un aumento concertado del 19 por ciento.

Lo que según el organismo defensor del consumidor se trata de una práctica monopólica, “al pretender este grupo de productores ponerse de acuerdo para fijar precios que no corresponden a los equilibrios del mercado y afectan la economía de los consumidores”.

En tanto, en información publicada en su página en internet, la COFECE definió que se consideran prácticas monopólicas los “contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea la manipulación de precios, restricción o limitación de la oferta”,

Así como para lograr la división o segmentación de mercados, concertación o coordinación de posturas en licitaciones, así como el intercambio de información con el En el extracto, publicado en su portal y en el DOF, la COFECE precisó que derivado de una denuncia realizada por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), en San Luis Potosí “existen indicios de la realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la producción, distribución y comercialización de tortillas de maíz”.

El titular de la autoridad investigadora, Carlos Mena Labarthe comentó: “Tenemos indicios de que el precio de la tortilla fue manipulado, por ello se investiga. Adicionalmente, estamos en constante comunicación con la PROFECO”.

El plazo de la indagatoria es de 30 hasta 120 días hábiles, prorrogable por cuatro periodos adicionales.

De acuerdo a la Ley la COFECE está facultada para desahogar la averiguación, para lo cual puede requerir informes y documentos necesarios, citar a declarar a quienes tengan relación con los asuntos, así como ordenar y realizar visitas de verificación para la debida integración de la investigación.

Concluida la etapa de investigación, si existen elementos para determinar la posible responsabilidad por las prácticas monopólicas, se emplazará a los agentes económicos señalados para que manifiesten o presenten las pruebas que a su derecho convenga. El Pleno de la COFECE resolverá lo que proceda conforme a la Ley.

De comprobarse la existencia de una práctica monopólica absoluta, los responsables serían sancionados en los siguientes términos: la orden de suprimir la conducta, inhabilitación hasta por 5 años, y multas hasta por el equivalente a 200 mil UMAs a las personas físicas que hayan participado directa o indirectamente en la conducta, en representación o por cuenta y orden de un agente económico.

Asimismo, con multa de hasta por el equivalente al 10 por ciento de los ingresos del agente económico responsable. Además, se le impondrá multa hasta por el equivalente a 180 mil UMAs, a quienes hayan coadyuvado, propiciado o inducido en la comisión de prácticas monopólicas absolutas.

Respecto a la responsabilidad penal, las personas físicas que participen en la celebración, ejecución u ordenen este tipo de acuerdos entre competidores, podrían ser sancionados con 5 a 10 años de prisión.

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