Fernanda Durán
La exposición cotidiana a contaminantes, la falta de medidas de seguridad y la necesidad económica que obliga a miles de personas a permanecer en trabajos precarios son parte de las problemáticas detectadas por una investigación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), que documentó riesgos graves para la salud en familias dedicadas a la fabricación artesanal de ladrillo, la cantera y la pepena de residuos.
El estudio fue desarrollado por el doctor Francisco Javier Pérez Vázquez, investigador de la Coordinación para la Innovación y Aplicación de la Ciencia y la Tecnología (CIACYT) de la UASLP, y analizó durante tres años las condiciones laborales y ambientales en comunidades de San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato vinculadas a estas actividades.
De acuerdo con la investigación, las personas que trabajan en ladrilleras, canteras y pepena desempeñan sus labores en contextos de alta vulnerabilidad, expuestas diariamente a humo, sustancias tóxicas, contaminantes ambientales y desgaste físico, muchas veces sin protección adecuada y bajo condiciones de marginación económica.
El proyecto, respaldado por los Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces) de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), identificó que quienes desarrollan estas actividades conocen los daños que enfrentan, pero continúan en ellas debido a la falta de alternativas económicas.
Entre los principales hallazgos se detectaron signos de afectaciones pulmonares y renales en trabajadores, además de indicadores subclínicos que podrían anticipar futuras enfermedades en personas jóvenes pertenecientes a estas familias.
La investigación también advierte que la problemática no se limita al ámbito laboral, ya que las emisiones derivadas de la quema de materiales y la exposición constante a contaminantes generan impactos ambientales que trascienden a las propias comunidades y afectan la calidad del aire.
Francisco Javier Pérez Vázquez señaló que estos resultados evidencian la necesidad de construir soluciones coordinadas entre autoridades, academia y sociedad civil, no solo desde una lógica ambiental, sino también social y de salud pública.
En ese sentido, el académico subrayó que uno de los principales retos es evitar que las medidas se limiten únicamente a sanciones o prohibiciones, sin considerar las condiciones económicas de las familias que dependen de estas actividades para subsistir.
La investigación plantea que las problemáticas deben atenderse mediante estrategias integrales que permitan reducir riesgos, dignificar las actividades productivas y mejorar las condiciones laborales, especialmente en sectores históricamente precarizados.
Entre las alternativas identificadas se encuentra la necesidad de impulsar tecnologías menos contaminantes, fortalecer programas de salud preventiva, mejorar las condiciones de seguridad laboral y mantener esquemas de acompañamiento institucional y científico en las comunidades.
El estudio también destaca la importancia de mantener una articulación permanente entre gobierno, universidades y poblaciones afectadas para generar políticas públicas basadas en evidencia científica y adaptadas a las realidades sociales de cada región.
Finalmente, Pérez Vázquez afirmó que desde la UASLP continuará el trabajo con familias ladrilleras, pepenadoras y canteras, con el objetivo de aportar alternativas que permitan condiciones laborales más seguras y un desarrollo social más equitativo.
Desde febrero de 2026 esta problemática ya había sido expuesta ante diputados del Congreso del Estado durante el foro “Un escenario humanitario para las ladrilleras de Las Terceras”, donde investigadores de la UASLP y trabajadores alertaron sobre los riesgos sanitarios, ambientales y laborales asociados a estas actividades, además de solicitar apoyos para reconversión tecnológica y programas integrales de atención.
Sin embargo, hasta el momento no se ha informado públicamente sobre avances concretos, acuerdos o políticas derivadas de aquellas mesas de diálogo.
