Por Eduardo Delgado
- Ni mi compadre ni amigo: Presidente de la Comisión.
- Los amigos se cuentan con los dedos.
El Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jorge Andrés López Espinosa, desmintió la versión de su supuesto compadrazgo con el edil capitalino, Ricardo Gallardo Juárez. La queja en su contra “la vamos a recibir e investigar”, aseveró.
El Director de Canalización, Gestión y Quejas, José Manuel Durán Cobos, recibió este miércoles a empleados municipales afectados, quienes manifestaron desconfianza en el organismo porque les han dicho que su presidente y el alcalde son compadres.
Sonrojado respondió la pregunta acerca de la duda de los perjudicados: “Esa es una información totalmente falsa. Lo conozco como funcionario y tengo hijos, pero no sé de dónde haya surgido esa versión”.
Aseveró que “es totalmente una falacia”, pero admitió que habría sido divulgada para desalentar a los inconformes de interponer una queja en contra de Gallardo Juárez.
De que si es su amigo o vecino, López Espinosa enfatizó: “Uno conoce a muchos funcionarios, pero los amigos se cuentan con los dedos”.
Dijo que no pudo asistir a la reunión con los trabajadores víctimas de atropellos, pisoteados por administración Gallardista, sin embargo fue informado que en breve el abogado Jorge Carmona Cruz formalizará la queja.
En su momento “la vamos a recibir e investigar para darle el trámite correspondiente”, así como requerirle un informe al Ayuntamiento “para ir decantando responsabilidades”.
Refirió que hace años la Comisión atendió la queja de trabajadores del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, municipio gobernado durante los dos trienios anteriores por Gallardo Juárez y su hijo, Ricardo Gallardo Cardona.
“Atendimos casos muy específicos en aquel entonces y en su momento hubo una determinación e incluso se emitió una recomendación”, recordó. Originada por una cuestión de violación a la legalidad y seguridad jurídica, “porque no se cumplió una orden judicial”, explicó.
Respecto de lo expuesto el miércoles por los afectados, en el sentido de que antes acudieron a la Comisión y no los atendieron porque les argumentaron que los conflictos laborales no son de su competencia, explicó:
“Después de la reforma (constitucional) de 2011, la Comisión, nacional y estatal, tienen competencia para conocer temas de naturaleza laboral siempre y cuando no se trate del tema de fondo”.
Es decir, añadió, no de despidos “sino a todas las circunstancias que rodean la relación laboral, como puede ser el acoso laboral o sexual en el trabajo”.
Asimismo los tratos degradantes: “Eso sí es competencia nuestra, pero no un despido injustificado; eso corresponde a las juntas de conciliación y eventualmente en la reforma a los tribunales judiciales”, precisó.
Las amenazas contra trabajadores, señaló, “son un delito que hay que denunciar, independientemente de la situación laboral; aquella persona que reciba algún tipo de amenaza tiene que acudir al Ministerio Público a presentar una denuncia para que se inicie una carpeta de investigación aparte”.
No obstante “nosotros también tomamos conocimiento, si (se acredita que) esa amenaza intimidatoria proviene de un servidor público”, precisó.
