Leticia Vaca

“Desde nuestra óptica, pudieran ser chivos expiatorios, presuntos culpables de los cuales no se tiene evidencia sólida, al menos en el caso de Jessica y Raúl, estudiantes universitarios. Consideramos que sí hay una persecución, una criminalización contra activistas como Claudia Hernández, activista en defensa se Sierra de San Miguelito, el proceso también continúa”, consideró Michel Hernández Piña, vocero de la organización civil Cambio por San Luis sobre las detenciones de presuntos autores de los daños al Congreso del Estado durante un manifestación del pasado 5 de junio.

Hernández Piña cuestionó el hecho de que la Fiscalía General del Estado tuvo dos meses, suficiente información y evidencia para poder detener a los principales responsables, y “nos preocupa que entre esas personas que detuvieron hace unos días no se encuentran estos personajes que nosotros hemos identificado que fueron los autores tanto intelectuales como materiales de los destrozos”.

Como organización civil, indicó, desaprueban el procesos que ha llevado la Fiscalía, porque hasta el momento, según externó, no ha habido seriedad en las investigaciones, o “al menos no se ve esa intención de que los responsables, entre ellos Sebastián N, que lo apodamos el mono blanco, Alejandro Guerrero, uno de los principales convocantes y que pareciera una especie de protección o que se les estuviera garantizando cierta impunidad”.

Recordó, además, que Sebastián N también fue detenido junto con 10 personas más el pasado 5 de junio, sin embargo fue liberado sin que quedara algún registro. “A él no lo golpearon, no le quitaron sus pertenencias y no lo llevaron ante el Ministerio Público”, resaltó.

Situación que atribuyen a que se logró corroborar que Sebastián N es hijo de una funcionaria de la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado.

Por último, aseveró que, además de pedir a la Fiscalía claridad en las investigaciones, aprovecharán la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador: “vamos a escalar el asunto a nivel federal, nos queda claro que tanto Gobierno del Estado como la Fiscalía no han actuado acorde a lo que la sociedad civil les ha demandado”, concluyó.