Fernanda Durán
A pesar de ser el órgano político-administrativo que gobierna al Congreso del Estado, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) se deslindó públicamente de la omisión legislativa en materia de transparencia financiera, pues su presidente, el diputado Héctor Serrano Cortés, afirmó desconocer las razones por las que desde abril no se han publicado los reportes de ingresos y egresos del Poder Legislativo en la Plataforma Estatal de Transparencia (PETS).
“Eso de que no se ha transparentado nada, tengo mis dudas. Yo creo que no sé. Hay un responsable de transparencia”, respondió Serrano ante los cuestionamientos sobre el incumplimiento, que ya suma más de cinco meses.
Aunque la ley exige que esta información se publique de manera mensual y a más tardar el día 10 de cada mes, los últimos datos disponibles corresponden al primer trimestre del año y abril.
La falta de publicación impide verificar cómo se ha ejercido el presupuesto del Congreso, en un periodo marcado por contrataciones opacas, promociones institucionales y el cierre del primer año legislativo.
Cuestionado sobre la posibilidad de sancionar la omisión, el legislador se limitó a señalar que existe una persona encargada de subir la información. Se trata de Marco Antonio Zavala Galeana, titular de la Unidad de Transparencia del Congreso, quien además ha fungido como representante legal de Movimiento Ciudadano ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac).
“No sé si sea un tema técnico o si el responsable de transparencia no lo haya hecho (…) En tal caso, una destitución no funcionaría o no sería sobre un tema de sanciones”, dijo, sin precisar qué medidas adoptará la Junta de Gobierno que él mismo encabeza.
Pese a reconocer que no tiene certeza sobre lo ocurrido, se comprometió a revisar el caso “hoy mismo” y que de encontrarse una falla, “habrá una repercusión, pero no directamente”.
Hasta el momento, la fracción IV B del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública no está cumplida por el Congreso: no se han publicado egresos desde abril, lo cual impide conocer beneficiarios, montos, conceptos, folios, fechas, bancos e instancias que autorizaron el uso de los recursos públicos.
Tampoco se han actualizado desde mayo los reportes de sueldos y salarios ni de remuneraciones netas y brutas (fracciones XI A y XI), los cuales además fueron publicados de forma extemporánea durante los primeros meses del año. El de enero fue subido hasta el 21 de febrero; el de febrero, el 11 de abril; el de marzo, el 15 de abril; y el de abril, el 22 de mayo.
Además, el cumplimiento cuantitativo mensual —que sólo mide la presencia, no la calidad de la información— ha caído de 99.06 por ciento en enero a 76.42 en agosto, el último mes evaluado por la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), órgano garante que está en proceso de extinción por mandato constitucional.
La opacidad legislativa se da en medio del proceso de armonización de la reforma constitucional federal que obliga a desaparecer órganos autónomos como la CEGAIP. El Congreso tenía hasta el 18 de junio para adecuar su marco normativo local, pero no lo ha hecho.
Mientras el Poder Legislativo debate el futuro del sistema de transparencia en el estado, el propio Congreso ha dejado de cumplir con sus obligaciones más básicas en la materia y su principal órgano de dirección, la Jucopo, no sólo no ha informado al respecto, sino que evade cualquier responsabilidad directa.
